Esta mañana el senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó una presentación a la Contraloría General de la República, solicitando abrir un sumario administrativo en contra del comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, luego que la institución castrense emitiera un comunicado público el pasado sábado, condenando la quema de la estatua del general Baquedano en Santiago.

A juicio de Navarro, la declaración en la que se acusa a los responsables del acto vandálico de “cobardes desadaptados, antisociales, y antichilenos”, constituye un acto “abiertamente ilegal e inconstitucional”.

“Nuestra Constitución en su artículo 101, cuando señala que las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes, lo que no significa una mordaza para ellos, pero sí una irrestricta subordinación al poder político y marca una cancha sobre los temas en los que sí pueden opinar como institución”, señaló el parlamentario.

El senador afirmó que “las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen oportunidad de entregar visión y propuestas en asuntos que se relacionan con el quehacer de sus funciones. El Ejército está vedado de emitir opiniones que pertenecen a la esfera de lo político y es lamentable que el gobierno de Piñera no lo vea así. El Ejército tiene que respetar su propia Constitución”.

El legislador insistió en la idea de que “las discusiones ligadas a hechos ocurridos en el marco que llamamos ‘estallido social’ son de carácter político y se canalizarán en la Convención Constitucional, aunque resulta necesario que la estatua del general Baquedano se retire de una vez de la Plaza de la Dignidad”.

En esa línea, el senador por la región del Biobío cuestionó el respaldo a la institución del ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló que no existía deliberación en la carta emitida por el Ejército.

“Bellolio se equivoca y el Ejército tiene a Piñera en sus manos. Los únicos habilitados constitucionalmente para garantizar el orden público y pronunciarse sobre él, son las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, no las Fuerzas Armadas, cuya función constitucional es absolutamente distinta. El gobierno le hace un profundo daño a nuestras instituciones, pues respalda una carta inconstitucional. Por eso le pedimos a Contraloría que se pronuncie”, manifestó Navarro.

En la presentación ante Contraloría, el parlamentario argumentó que “cuando el Ejército emite opinión sobre estos fenómenos, en un comunicado de prensa, tomando posición sobre su naturaleza y sus soluciones, calificando a ciudadanos como anti chilenos, es decir, casi como enemigos del Estado (deberá informar el Ejército al órgano Contralor si ello quiere decir ‘objetivos militares’), se inmiscuye en política contingente, y vulnera la prohibición constitucional de deliberación política”.

Del mismo modo, el escrito expuso que “un comunicado de prensa opinando sobre la realidad nacional y la conducta ciudadana, en los términos transcritos, constituye una flagrante violación del artículo 101 de la Constitución”.

“El monopolio de la actividad estatal tendiente a asegurar y dar eficacia al orden público, son las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, no las Fuerzas Armadas. Ello implica que, con su comunicado y sus dichos, el Ejército está usurpando constitucional y administrativamente funciones de las que carece, lo que asimismo vulnera los principios de supremacía constitucional y legalidad, establecidos en el artículo 7 de nuestra Carta Magna”, relató el escrito.

“Aquí el Ejército transgredió sus funciones constitucionales y lo que es peor aún, trató a compatriotas de desadaptados, antichilenos y antisociales. Deben existir las máximas sanciones para los responsables de este desafortunado acto”, cerró el senador Navarro.