Como autora de uno de los proyectos que fueron fusionados y buscan castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, la senadora Carmen Gloria Aravena (IND) sostuvo que “se debe actualizar nuestra legislación para que una acción cada vez más frecuente en Chile, deje de ser sancionada sólo con multas”.

La parlamentaria indicó que “las víctimas de una usurpación sienten gran impotencia, ya que en la mayoría de los casos deben seguir un largo proceso judicial para recuperar su propiedad”.

“Este delito debe considerar penas privativas de libertad para desincentivar su ejecución, tal y como ocurre en otros países como Argentina, Perú y Panamá, donde quienes lo cometen enfrentan penas que llegan hasta los 12 años de cárcel cuando se utilizan armas, como es el caso de Perú”, agregó.

Aravena añadió que “las implicancias de una usurpación son complejas, por lo que deben considerarse diversas situaciones y el contexto en el que se comete el delito”.

La legisladora precisó que “en muchos casos, una toma ilegal se realiza por extrema necesidad, ya que la familia no tiene otro lugar donde vivir. Sin embargo, incluso en este tipo de situaciones, hay personas inescrupulosas que forman verdaderas mafias, las que cobran un arriendo o venden el derecho a estar en un terreno tomado ilegalmente, tal y como se ha informado que ha estado ocurriendo en la comuna de Renca, en Santiago”.

La parlamentaria explicó que este delito ha tenido un incremento en grandes centros urbanos como Valparaíso y Santiago, pero también en la región de La Araucanía, donde las tomas de terrenos han aumentado en hasta un 300%, sólo durante los primeros dos meses de este año.

La senadora puntualizó que “un catastro de las causas abiertas por usurpación, realizado por la Fiscalía Regional de La Araucanía, señala que entre el 1 de enero y el 22 de febrero de este año hubo 56 tomas de terrenos judicializadas en la región, mientras que en el mismo período del año pasado se registraban 14”.

“Carabineros ha establecido que a diario en La Araucanía se producen entre 2 y 3 desalojos de tomas ilegales, donde los funcionarios no pueden hacer mucho más que sacar de los deslindes a los infractores, los que vuelven una y otra vez a instalarse en los predios”, sentenció.