La pandemia del Covid-19 ha ampliado las necesidades financieras de los países latinoamericanos para afrontar la emergencia sanitaria y ha generado un aumento de los niveles de deuda en la región del 68,9% al 79,3% del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2019 y 2020, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeuda del mundo en desarrollo.

Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desvela que la contingencia sanitaria ha magnificado las brechas estructurales de Latinoamérica y ha puesto en riesgo su capacidad de recuperación.

“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9 por ciento al 79,3 por ciento del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57 por ciento)”, ha indicado la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena.

La secretaria ejecutiva ha explicado que la brecha de financiación del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios y el turismo.

De 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4 por ciento al 4,5 por ciento del PIB en Centroamérica y del 4,8 por ciento al 17,2 por ciento del PIB en el Caribe. Además, el informe advierte de que en la región ha habido una importante caída de la inversión extranjera directa de entre el 45 por ciento y el 55 por ciento, aproximadamente, en el mismo período.

Según el análisis del organismo de Naciones Unidas, las necesidades financieras de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones de dólares (unos 2 billones de euros). En el caso de la región latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó hasta enero de 2021 66.500 millones de dólares (55.570 millones de euros) entre 21 países del continente, lo que supone el 63 por ciento del desembolso total destinado a 85 economías en desarrollo.

Sin embargo, estos recursos solo cubrieron el 32,3 por ciento y el 23,1 por ciento de las necesidades de financiamiento internas y externas, respectivamente, de los países de América Latina y el Caribe en 2020.

Además, dichos instrumentos financieros no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.

Entre las posibles soluciones, CEPAL propone sostener el consumo de las personas y las familias, especialmente las más vulnerables, para lo que será necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento de los ingresos, como una renta básica temporal garantizada por los Estados.

La institución de Naciones Unidas ha propuesta cinco medidas para sobrepasar esta situación, entre las que se encuentra la ampliación y redistribución de emisiones de Derechos Especiales de Giro del FMI desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

Esta redistribución de liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), que se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares.

Otro factor destacado para la recuperación es una mayor cooperación regional, así como el aumento de la capacidad de préstamo y la respuesta de las instituciones financieras regionales.

La CEPAL también considera relevante una series de reformas institucionales sobre la deuda con las multilaterales, donde se incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de deuda soberana y una agencia multilateral de calificación crediticia.

El organismo cree que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20 también debe ampliar su alcance, para incluir al sector privado y las instituciones multilaterales y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.

Por último, desde CEPAL proponen un conjunto de instrumentos destinados ara aumentar la capacidad de reembolso de deuda, para evitar el endeudamiento excesivo, y la integración de medidas de liquidez y de reducción deuda en una estrategia de financiación para el desarrollo.

AgenciaUno/EP