La expresidenta boliviana Jeanine Áñez ha sido trasladada el sábado a La Paz tras ser detenida este sábado en Beni en relación con el conocido como ‘Caso golpe de Estado’ y ha reclamado a la Organización de Estados Americanos y a la UE el envío de misiones oficiales para verificar la “persecución política” a la que considera que se le está sometiendo. Áñez y dos de sus ministros están acusados de sedición, terrorismo y conspiración.

Áñez, que se encuentra recluida en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía boliviana, ha apelado directamente en una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy

Áñez denuncia así las acciones “perpetradas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo” y la “sistemática vulneración de los Derechos Humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”, según recoge el diario ‘Página Siete’.

Por ello pide en el marco de lo que establece la Carta Democrática Interamericana, “se envíe una Misión Oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado”.

“Se me acusa de terrorismo, sedición y conspiración para materializar un supuesto golpe de Estado. No obstante, la institución a la que usted representa ha sido testigo de un fraude en las pasadas elecciones del año 2019, motivo por el cual el pueblo boliviano salió a las calles a reclamar y exigir el respeto a su voto”, argumenta Áñez en su misiva a Almagro.

El exministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, ha argumentado que Áñez “entregó todo por Bolivia, incluso su libertad”. “Fuerza amiga, Estamos del lado correcto de la historia, y será ella quien nos juzgue”, ha argumentado.

Mientras, el líder opositor boliviano Carlos Mesa ha denunciado que el Gobierrno vulnera las leyes para “perseguir y someter con violencia a los bolivianos”. “La detención de Jeanine Añez es arbitraria, ilegal y violatoria de sus Derechos Humanos”, ha señalado.

En cambio, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha subrayado que Áñez está siendo procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta. “En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora. Por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional”, ha declarado a la emisora estatal Patria Nueva.

Lima ha explicado que Áñez y los miembros de su partido político, el Movimiento Demócrata Social, con solo cuatro representantes parlamentarios, “tomaron el Gobierno mediante un golpe de Estado” que provocó la muerte de ciudadanos bolivianos. “Que no se pretenda que se está haciendo una persecución (…). Hay personas que han actuado y han realizado un golpe de Estado y deben ser llevadas a juicio”, ha argumentado.

El propio Evo Morales ha pedido sanción contra los “autores y cómplices de la dictadura”. “Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, ha apuntado.

El caso tiene su origen en una denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho exautoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes tras asumir Áñez la presidencia después de que el presidente Evo Morales abandonara el país tras perder el apoyo de Policía y Ejército. El viernes fueron detenidos dos de los exministros de Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

AgenciaUno/EP