Esta tarde el senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que solicita una serie de diligencias a raíz de las denuncias generadas por los actos de violencia ocurridos contra menores en un centro del Sename en Providencia.

En el escrito, el parlamentario progresista argumenta que las denuncias constatadas en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, violaron el artículo Nº 19 de la Constitución Política de la República, en particular el numeral 7 sobre el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

Según Navarro, “el centro del Sename en Providencia debe ser intervenido de manera inmediata hasta que se aclaren los hechos. La experiencia del Cread Galvarino con la muerte de Lissete Villa nos revela que los centros donde ocurren hechos gravísimos deben ser intervenidos a la brevedad, porque no pueden abrir sumarios administrativos ni investigar si son parte involucrada”.

El parlamentario, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, señaló que “le hemos presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago un conjunto de elementos para que disponga de diligencias inmediatas que ayuden a aclarar los hechos, entre ellos, la apertura de un sumario a cargo de un ente independiente y la suspensión de todas sus funciones a todos quienes resulten responsables”.

“La Corte Suprema ha declarado admisibles acciones constitucionales de Amparo cuando se denuncia la vulneración de la seguridad individual, basada en actos que atentan contra la integridad física y la vida. Y además, en la residencia Sename se vulneraron tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que la justicia debe interceder”, argumentó Navarro.

Finalmente, el legislador indicó que “la situación del Sename ya es compleja y los hechos ocurridos en el centro de Providencia agravan más su desprestigio institucional. Necesitamos fortalecer la ley de adopción y un modelo que no institucionalice a los menores, porque ese es un modelo fracasado. Aquí hay una amenaza a la libertad personal y la seguridad individual de los menores y se necesita una intervención parcial urgente”.