De manera unánime la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, aprobó el proyecto que permite cambiar el orden de los apellidos de los hijos por acuerdo de los padres. Con ello, la iniciativa queda en condiciones de ser votada en Sala y ad portas de ser despachado por el Congreso después de ese trámite.

En lo fundamental, la iniciativa establece que los padres podrán expresar de común acuerdo, al momento de inscribir el nacimiento de su hijo o hija su voluntad de que el apellido de la madre anteceda al apellido del padre, lo que fue valorado por las integrantes de la citada instancia legislativa.

Además, la comisión continuó con las audiencias en el marco del debate del proyecto que modifica el Código penal en materia de tipificación del delito de violación, conocido también como “sin consentimiento es violación”, escuchando a la psiquiatra forense, Tamara Galleguillos y al psicólogo forense Omar Gutiérrez, del Servicio Médico Legal.

Ambos profesionales se refirieron a los daños sicológicos y a los efectos que tiene una violación o una agresión sexual en la salud mental. Desde problemas para recordar, hasta amnesia o inmovilidad del cuerpo, fueron algunos de los mecanismos neurobiológicos de “defensa” que experimentan las víctimas.

En tal sentido, se planteó que ante el alto porcentaje de violencia sexual, donde 1 de cada 4 mujeres ha sido abusada sexualmente, es importante considerar el daño psíquico como una lesión y modificar ciertos procedimientos como por ejemplo, que las pericias no se demoren 6 meses o un año y que exista acompañamiento sicológico desde el principio.

Al respecto, el sicólogo del SML señaló que antes de la pandemia había una lista de espera de entre 4 a 6 meses para las pericias, período que experimentó un cambio durante la emergencia sanitaria.

Las senadoras acordaron invitar a la Fiscalía y a la PDI para analizar este tema, sobre todo en lo que respecta a las pericias a fin de evitar la revictimización.

PENSIONES Y CARGAS FAMILIARES

Asimismo, la comisión analizó el proyecto que establece medidas para asegurar el pago de las pensiones alimenticias y acordaron invitar a representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del Ministerio del Trabajo para aclarar algunas dudas y poder pronunciarse sobre la iniciativa.

Además, plantearon la posibilidad de hacer una evaluación de cómo ha funcionado el sistema de retención para ver si está llegando el pago requerido.

La Comisión especializada también inició el estudio de un proyecto que establece la calidad recíproca de la carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud. Y para ello, escuchó la opinión de la diputada Maya Fernández, autora de la iniciativa y del abogado, académico y asesor en salud Jaime Junyent, quienes se refirieron a los objetivos del proyecto.

Ambos señalaron que el proyecto se hacer cargo de la discriminación arbitraria; de la diferencia en base a sexo y estado de salud; de la restricción injustificada en el acceso a la salud por parte de las personas; aumenta la cobertura universal de salud; y da universalidad de la seguridad social.

En opinión de la diputada Fernández, “se trata de un proyecto transversal y simple que busca adecuar la legislación. En el Acuerdo de Unión Civil ambos pueden ser carga mutuamente pero no en los matrimonios y este proyecto busca reparar eso”, dijo la parlamentaria.