La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD, encabezada por Raúl Soto, realizó una presentación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigue si las empresas de gas licuado se han coludido o no en la fijación de precios de los distintos tipos de productos ofrecidos en el servicio de gas residencial bajo la modalidad de GLP.

Además, en el escrito se solicita responder si las empresas distribuidoras acordaron o no la asignación de zonas o cuotas de mercado, trayéndoles como consecuencia incrementar su presencia en el mercado nacional, impidiendo el surgimiento de nuevos oferentes de dicho servicio.

Lo anterior, debido a que la empresa Lipigas ya fue sancionada en el 2017 por colusión en el mercado del gas licuado en Perú, y en los últimos 12 meses el precio de dicho combustible ha subido en Chile casi un 14% y el balón de 15 kilos ya bordea los 21 mil pesos.

“Hay mucha preocupación ciudadana y múltiples denuncias por las alzas en el precio del gas licuado en nuestro país. Este es un mercado controlado por tres grandes empresas, Gasco, Abastible y Lipigas, y esta última fue investigada y sancionada recientemente en un país vecino por un caso de colusión. Queremos despejar dudas y evitar cualquier atisbo de abuso, y cualquier posibilidad de colusión o concertación de precios. Por eso, hemos solicitado a la FNE que se haga una investigación del mercado del gas licuado en Chile, particularmente respecto de estas tres empresas, para descartar cualquier práctica ilegal, y en caso de que la hubiera, se abra una investigación que corrija y sancione a quienes correspondan”, explicó el diputado Soto.

El parlamentario agregó que “tenemos que proteger a los consumidores sobre todo a los sectores vulnerables y a la clase media, donde la pandemia ha causado estragos desde el punto de vista económico y social”.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez, señaló que “a diferencia de lo que ocurre con la tarificación de otros servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable, el suministro de gas posee un sistema parcialmente desregulado en cuanto a su tarificación, ya que el Decreto con Fuerza de Ley 323, establece como regla general al sector libertad para el esquema de tarifas de los servicios prestados, con excepción de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

“Estamos preocupados por las alzas de precio. No es posible que los chilenos y chilenas se vean perjudicados con malas prácticas empresariales, que ya hemos visto con el confort y los pollos”, afirmó el diputado Jiménez.

Asimismo, la diputada Cristina Girardi, sostuvo que “los sectores más acomodados cuentan con red de tubería subterránea que otorga suministro de gas, siendo la población perteneciente a los quintiles más bajos quienes acceden a este servicio mediante cilindros desde distintos distribuidores. De hecho, en sectores rurales, la distribución de gas por cilindros es la única manera de contar con el servicio en los hogares. Si a ello le agregamos la libertad tarifaria con la que goza este sector, el riesgo de que estas empresas se puedan coludir perjudicando a la gente es mayor”.

“Debemos que tomar en consideración que hace más de 10 años la Fiscalía Nacional Económica realizó un informe donde establecía que el mercado del gas ya tenía irregularidad como el interlocking, es decir, empresas que son competidoras en sus directorios tienen miembros cruzados. Por lo tanto, es necesario considerar que ese informe existió y nunca se investigó. Es decir, este no es un tema nuevo”, manifestó la diputada Girardi.

Finalmente, el diputado independiente Patricio Rosas señaló que “una vez más vemos cómo el mercado no tiene compasión con la situación crítica social y económica que estamos pasando, con enriquecimiento en plena pandemia de las grandes fortunas y prácticas que abusan de una posición dominante en el mercado al coludirse finalmente en contra de las millones de familias sencillas de nuestro país”.