Definir un nuevo marco de derechos para los pacientes con enfermedades terminales por la vía de consagrar su acceso a tratamientos paliativos e, incluso, solicitar la asistencia médica para morir cuando el estado de salud es grave e irremediable, es el objetivo del proyecto de ley, que hoy comenzó a discutir la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y que será votado en el día de mañana.

La propuesta, aprobada en general el pasado mes de diciembre y analizada en la presente ocasión en el detalle de su articulado, avanza estableciendo un conjunto de normas en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

En dicho marco, se establecen nuevas obligaciones para los prestadores de salud en lo relativo a otorgar tratamientos paliativos tendientes a disminuir los dolores que sufren personas con enfermedades terminales, a acompañar debidamente al paciente para que pueda sobrellevar su sufrimiento con dignidad y a recibir, si lo desea, atención espiritual conforme a su religión.

Asimismo, se insta a evitar la prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural, en personas que padecen enfermedades irreversibles, implicando esfuerzos desproporcionados e inútiles sin esperanza alguna de curación; y se consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir.

Respecto de ese último punto, el texto define los requerimientos explícitos que se deberán cumplir, como la acreditación por parte de dos médicos especialistas sobre el estado del paciente; la expresa voluntariedad del acto; y los actos formales que se tendrán que realizar, entre otros aspectos.

DEBATE

En el debate, que comenzó tras la rendición del informe de la Comisión de Salud por parte del diputado Vlado Mirosevic (PL), uno de los impulsores de la iniciativa, se verificaron opiniones contrapuestas respecto de su alcance y oportunidad.

Se trató de una discusión que fue más allá de los sectores políticos, debido al contenido valórico e ideológico de la propuesta, puesto que, si bien, el respaldo mayoritario a la norma correspondió a los partidos de oposición, hubo parlamentarios de este sector que se manifestaron contrarios al texto legal. Lo propio aconteció con los legisladores de Gobierno, que no rechazaron en bloque el proyecto.

Los argumentos en favor de la iniciativa dicen relación con el sufrimiento de las personas que padecen patologías terminales y la dignidad para morir. Al respecto, se hizo hincapié en la necesidad de aliviar el dolor de los pacientes y de sus familias, considerando que se está frente a una situación límite.

En dicha materia se argumentó que el proyecto de ley y, en particular la muerte digna, es un gesto de piedad y de compasión, ya que terminar con el dolor es un derecho humano fundamental.

Asimismo, se solicitó que el Estado empatice con la condición que lleva consigo una persona que está en situación desesperada, a quien se le obliga a vivir en sufrimiento, contra su propia voluntad.

En ese sentido, se planteó que, así como la vida es sagrada, también debe serlo el elegir cómo morir, con la dignidad que ello merece.

La discrepancia en la oposición estuvo principalmente en la DC, ya que, mientras los diputados Jorge Sabag y Miguel Ángel Calisto plantearon sus reparos enfatizando el derecho a la vida, la objeción de conciencia del médico tratante y la relativización del concepto de sufrimiento; los diputados Iván Flores, Víctor Torres y Gabriel Ascencio dijeron acompañar al proyecto por la dignidad del paciente, terminando con su sufrimiento en un acto de amor.

También plantearon sus reparos al proyecto los diputados opositores Jaime Mulet (FRVS) y Pedro Velásquez (IND).

En el oficialismo, en tanto, la postura de la UDI fue unánime en orden a rechazar la normativa. Así se desprende de las intervenciones de los diputados Iván Norambuena, Sergio Gahona, Javier Macaya, Gustavo Sanhueza, Sergio Bobadilla, Ramón Barros, Juan Antonio Coloma y Enrique Van Rysselberghe.

Todos ellos fueron enfáticos al señalar que la prioridad debe estar en los cuidados paliativos para aliviar el dolor del paciente, más que en una “cultura de lo desechable”, permitiendo la muerte de la persona. Incluso se señaló que esta iniciativa es el asesinato de un enfermo, vale decir, el atentado más grande contra la dignidad y la vida.

En RN, en tanto, la visión fue disímil, ya que mientras los diputados Cristóbal Urruticoechea, Jorge Rathgeb, Harry Jürgensen, José Miguel Castro, Diego Schalper, Francesca Muñoz y Eduardo Durán se manifestaron contrarios a la iniciativa, junto al independiente Pablo Prieto, argumentando la priorización de los cuidados paliativos y el derecho a la vida; si la respaldaron sus pares Sebastián Torrealba y Andrés Longton.

Mismo criterio expresaron la independiente Érika Olivera y los diputados de Evópoli Francisco Undurraga y Sebastián Keitel, quienes relevaron la autodeterminación de la persona que sufre.

El Ejecutivo planteó su postura por intermedio del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien manifestó los reparos en contra de la norma en trámite.

Al respecto, sostuvo que existen consideraciones valóricas que el Gobierno respeta profundamente para oponerse al concepto de eutanasia, al tiempo que planteó que se trata de un proyecto que no sigue las reglas generales que tienen legislaciones de otros países con experiencia en la materia, sobre todo en materia de derecho a retracto por parte del paciente, punto que dijo no está contenido en esta iniciativa.