Un total de 529.357 imputados han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública durante el año 2020 y 2021 y, de éstos, 318.922 ya obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 60% fue condenado por los tribunales de justicia.

La Fiscalía Nacional detalló que a la fecha, un total de 446.386 imputados han sido formalizados o requerido en juicio simplificado y/o monitorio.

Desde el Ministerio Público afirmaron que esta “cifra que forma parte de la postura institucional y, particularmente, de los criterios de actuación impartidos por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de focalizar la persecución penal, principalmente, en reincidentes, empleadores y organizadores de fiestas o eventos prohibidos”.

Desde mediados de 2020, el criterio impartido se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.

En el caso de los trabajadores coaccionados por el empleador, el Ministerio Público ha reiterado que “no los perseguirá porque entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener”.

Sobre los organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, y quienes asisten a ellos, la Fiscalía ha instado a “su persecución porque considera que éstos son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva”.