La diputada Camila Flores (RN) se reunió con el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, para denunciar el “adoctrinamiento político” ejercido por una profesora del colegio Altazor de Concón, durante una clase virtual cuando abordaba el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el actuar de Carabineros.

El registro audiovisual donde la docente daba cuenta a sus alumnos del procedimiento de Carabineros se difundió ampliamente, generando debate entre los usuarios de redes sociales, quienes acusaron adoctrinamiento y de persuadirlos de manera sesgada.

“Me reuní con el superintendente de Educación junto al consejero regional Percy Marín y el concejal de la comuna de Concón, Cristián Carvajal, donde hicimos la denuncia formal por el caso de adoctrinamiento en el colegio Altazor de Concón. Le solicitamos iniciar un proceso formal de supervisión para revisar todos los antecedentes de este caso”, informó la parlamentaria.

Flores también comentó que la autoridad de la cartera de Educación se comunicó con la seremi de la cartera, Patricia Colarte, para revisar por parte de ella todo lo relativo a los planes y programas educativos.

“Nos parece de la más alta gravedad lo sucedido en este colegio, no solamente por ser un caso de adoctrinamiento a niños menores, sino porque también falsean una realidad, al culpar a Carabineros de la supuesta detención a la hija de Camilo Catrillanca en consideración de que esto no fue así”, afirmó.

La legisladora aclaró que “dicho procedimiento estuvo en manos de la Policía de Investigaciones, por lo que la profesora miente o ignora cuáles son los hechos y la verdad es que el contexto en el cual se desarrolla esta clase virtual nos parece totalmente reprochable”.

“No podemos permitir la incitación al odio en contra de una institución por parte de niños tan pequeños que se están formando y que se imponga el sesgo ideológico”, agregó.

Por otro lado, la diputada valoró la carta que el colegio Altazor envió a Carabineros disculpándose por lo sucedido, gesto que, según Flores, no detiene el proceso sancionatorio que ya está en curso en contra del sostenedor y de la dirección del establecimiento educacional.