Este miércoles se aprobó en general el proyecto de ley que establece un impuesto al patrimonio, más conocido como impuesto a los súper ricos, destinado a determinadas personas naturales calificadas como las más millonarias del país, considerando también un aumento en la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las mega empresas.

Con los fondos recaudados se pretende apoyar a quienes han sufrido las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, a través de una renta básica de emergencia.

“Los dueños de Chile quieren seguir defendiendo sus privilegios con garras y dientes. Mientras la mayoría se empobrece, en plena pandemia, ellos se enriquecen y aumentan su fortuna en un 70% donde figura, entre ellos, la familia del Presidente Piñera”, sostuvo la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez.

“Cuando decimos impuesto a los súper ricos estamos hablando de quienes tienen una fortuna de 22 millones de dólares, es decir, el chileno promedio tendría que ahorrar todos sus ingresos durante 2 mil años, sin comer, sin pagar arriendo y créditos, faltarían vidas para poder tener esa cantidad de dinero. Quienes se han enriquecido a costa de las y los trabajadores deben aportar recursos para poder garantizar derechos sociales ya”, señaló.

En esta misma línea, Paula Orellana, periodista y doctora en Antropología, agregó que “es momento que los súper ricos, quienes han aumentado su patrimonio durante la pandemia, retribuyan sus ganancias. En la región de Antofagasta hay una desigualdad brutal y este impuesto ayudaría a generar políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación de las familias que más han sufrido durante esta crisis sanitaria y económica”.

En el listado de súper millonarios figura Andrónico Luksic (Quiñenco, Banco de Chile, CCU, Canal 13), Julio Ponce Lerou (SQM), Sebastián Piñera, Horst Paulmann (Cencosud), entre otros. Al momento de las votaciones, la Sala respaldó la idea de legislar por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Constitución para continuar su tramitación.