Ratificando el criterio adoptado mayoritariamente en la Comisión de Trabajo, la Cámara de Diputadas y Diputados hoy no entregó su aprobación al proyecto, ingresado por el Ejecutivo en diciembre de 2020, que buscaba regular los traspasos entre fondos de pensiones.

La propuesta, conforme a lo expresado por el Ejecutivo, tuvo su base en que el traspaso frecuente de fondos tiende a aumentar la volatilidad en los mercados financieros. Así, se estima que grandes volúmenes de traspasos de fondos en la misma dirección pueden mover los mercados e impactar en los precios de diversos bienes y servicios.

Estos impactos, se alerta en el mensaje, pueden tener efectos en cadena sobre la estabilidad del sistema de inversiones, los tipos de cambio (precio del dólar) y otras variables macroeconómicas. Además, traería un efecto negativo relevante en el monto de las pensiones de las personas, dado que la apuesta de inversión es a largo plazo.

Durante el debate, los legisladores que se manifestaron a favor remarcaron justamente la perspectiva plantada por el Ejecutivo y afirmaron que el proyecto avanza en estabilidad para el sistema de las AFP y para el mercado, que se afectan cuando se producen cambios masivos, especialmente entre fondos no adyacentes (por ejemplo, del A al D), con efectos tanto para la rentabilidad de quienes efectuaron el traspaso de recursos, como para los que se mantuvieron en el fondo de origen.

Por otra parte, quienes se expresaron en contra de la propuesta estimaron que ella viene a restringir el derecho de propiedad de cada cotizante respecto de sus dineros ahorrados, estableciéndose trabas para el traspaso de estos desde un fondo a otro. Además, se sostuvo que el mecanismo es un “corralito” que busca favorecer solo a los mercados y a la institucionalidad de las AFP, al tiempo que llamaron a efectuar una reforma profunda al sistema.

Cabe mencionar que la propuesta, que fue rechazada por la Sala en su idea de legislar, por 49 votos a favor, 75 en contra y cuatro abstenciones, no puede volver a ser tratada legislativamente hasta dentro de un año. Excepcionalmente, al tratarse de un mensaje del Ejecutivo, esta podría ser reintegrada a trámite si el Gobierno hace uso de su facultad de insistencia (art. 68 de la Constitución).

Para lo anterior, la formalidad exige que el Presidente de la República solicite que el mensaje pase al Senado y, si este lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la Cámara y solo podrá ser desechado si esta Corporación lo rechaza, también, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.