El Papa ha aprobado una nueva norma anticorrupción que prohíbe expresamente a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica.

Además, tendrán que declarar que no pesa sobre ellos ninguna condena por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. La nueva legislación también impide a estos directivos aceptar regalos por valor de más de 40 euros.

La ley anticorrupción se publica poco después de que la cadena italiana Rai3 revelase que el A.P.S.A., el organismo de la Santa Sede que se ocupa de la gestión del patrimonio, habría invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después.

En concreto, el ex-revisor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana del 2015 a 2017 y que acabó dimitiendo de su cargo, reveló en este programa que el Vaticano había realizado inversiones “arriesgadas” que “no respondieron a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer”.

Francisco ha aprobado esta regulación en forma ‘Motu Proprio’ con el título ‘La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes’.

La nueva normativa entra en vigor este jueves después de ser publicada en el periódico L’Osservatore Romano, la gaceta oficial del Vaticano. A partir de su aplicación, se exigirá una declaración firmada por parte de todos los directivos de la Santa Sede y a todos aquellos que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control.

En ella, aseguran que no han sido condenados en ningún tribunal y que tampoco tienen procesos penales pendientes o están que siendo investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal.

La norma coincide también con la discusión del informe sobre la transparencia de las finanzas del Vaticano por parte del órgano de control del Consejo de Europa, conocido como Moneyval.

Concretamente, la nueva regulación impone a los cardenales, los jefes de dicasterios y los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, que no tengan dinero en efectivo o hayan realizado inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.

La Secretaría para la Economía del Vaticano verificará la veracidad de las declaraciones firmadas en papel y en caso de destapar alguna mentira podrá despedir al empleado y reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos.

Según ha publicado Vatican News, la página web de noticias del Vaticano, esta ley complementa a la medida que aprobó el Papa el pasado 19 de mayo de 2020 para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.

AgenciaUno/EP