La Sala del senado respaldó la idea de legislar del proyecto que establece normas interpretativas con el fin de despenalizar las deudas en materia educacional, sean el Crédito con Garantía Estatal (CAE), el Fondo Solidario o el Crédito Corfo.

Además, los parlamentarios fijaron como plazo para realizar indicaciones a la iniciativa, hasta el próximo 20 de mayo.

El proyecto interpreta la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de establecer que esta normativa es aplicable a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.

Asimismo, se modifican las leyes 19.287 y 20.027 (que crea el sistema de Crédito con Aval del Estado) con el objeto de terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión.

Por último, se interpreta la ley 20.720 de reorganización y liquidación de empresas y personas con el objeto de establecer que las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior pueden sujetarse a los procedimientos regulados por la citada norma.

Durante el debate en la Sala, algunos senadores manifestaron que “esta iniciativa no sería solo una norma interpretativa, sino que va más allá regulando normas que son propias de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, toda vez que dicen relación con la administración financiera del Estado, según lo prevé el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental”.

Sin embargo, los autores de la norma plantearon que este proyecto ofrece propuestas de reforma legal que permiten un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación, “poniendo término a una serie de situaciones que ponen a los estudiantes que han suscrito algún tipo de crédito para educación superior en situaciones de abuso e indefensión, especialmente, ahora que el país y el mundo enfrenta una pandemia”.