Una primera mirada, dieron los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura a la situación de la Universidad de La República, luego que la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitara a la cartera respectiva la revocación del reconocimiento oficial de la institución.

Con el fin de conocer detalles de este conflicto, los legisladores escucharon al rector de la casa de estudios, Fernando Lagos a representantes del estudiantado y de la citada Superintendencia. Dado los tiempos, se acordó en una próxima sesión seguir escuchando actores involucrados tales como trabajadores y académicos del plantel.

Cabe considerar que hace algunas semanas se conoció el resultado de una investigación realizada por la SES, la que detectó un creciente déficit financiero cercano a los 13 mil 900 millones de pesos. Ello se debería a la disminución sostenida de la matrícula, millonarias deudas y desórdenes contables y administrativos.

Tras escuchar a los expositores, los legisladores acordaron en una próxima sesión recabar más opiniones del caso, dado que “existen visiones muy opuestas respecto a lo que pasó”. Asimismo, en forma trasversal, los congresistas enfatizaron en la necesidad de dar certezas a los estudiantes respecto a su futuro académico en esta o en otra entidad.

El presidente de la comisión, el senador Jaime Quintana, hizo ver la diferencia de matrícula que consigna la universidad versus la de la Superintendencia. “Nos gustaría que se aclare esto porque parece ser que ello explica en parte la crisis económica. El plantel dice que ésta aumentó y la SES habla de una notoria baja en los últimos años”, mencionó.

El senador Alejandro Navarro manifestó que “la explicación del rector y los estudiantes nos ayuda a entender que el bien superior es la educación. La principal amenaza es la Superintendencia porque ella debe dar siempre estabilidad. Esta fue una decisión anticipada e inoportuna que se dio a conocer por los medios”.

En tanto, el senador Claudio Alvarado admitió que “nosotros como Comisión no tenemos mayor competencia. Estamos hablando de un procedimiento que está establecido en la legislación y la universidad tiene el derecho de buscar revertir esta decisión que es preliminar”.

La senadora Yasna Provoste apuntó a la crisis financiera de instituciones educativas a todos los niveles (preescolar, básica, media y universitaria). “¿Por qué el FOGAPE no va en ayuda, por ejemplo, a estas universidades? Creo que lo relevante acá es saber qué va a pasar con los estudiantes, que como nos explicaron, son personas que con mucho sacrificio se encuentran formando”, consultó.

En las exposiciones, el rector de la aludida universidad, Fernando Lagos hizo un resumen de la presentación que hicieron ante el Consejo Nacional de Educación, explicando que “hoy representan a casi tres mil 700 estudiantes, 300 funcionarios y 456 docentes. La mayor parte de nuestros estudiantes son jefes de hogar y provienen del sistema municipal de educación”.

En cuanto a la investigación de la SES, aseguró que “no entendemos la acción de esta entidad, por eso presentamos ante la justicia el pasado 19 de abril un recurso de ilegalidad al requerimiento de revocar el reconocimiento de nuestro plantel”.

“Se ha insistido en la baja matrícula, pero el 2020-2021 se duplicó la del periodo anterior. Solo 311 estudiantes han pedido su retiro y solo poco más de 60 lo han formalizado (…) Hemos cumplido íntegramente la carga académica pese a la pandemia. Es más importante, al parecer un frío análisis financiero que la vida de los estudiantes”, hizo ver.

En representación de los estudiantes, Constanza Pacheco abordó el apoyo económico que entrega el plantel como la entrega de becas y postergación del pago de cuotas, como también las facilidades del proceso de admisión. “Solicitamos postergar el cierre. No tenemos forma de estudiar con nuestros recursos, La República sí nos da esa posibilidad”.

CRISIS FINANCIERA

El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, reconoció que “el problema financiero es anterior al estallido social y la crisis sanitaria. Además, logramos constar una tendencia decreciente en la matrícula, pérdidas operacionales y netas, imposiciones no declaradas e impagas, y decenas de denuncias de estudiantes, docentes y trabajadores”.

La autoridad insistió en que “nuestra investigación arrojó que la institución no podía costear los gastos operacionales. Ellos reconocieron 14 mil millones de pesos en vacíos que se arrastraban hace tiempo, parte de los cuales dicen relación con la baja de un 37% de la matrícula entre el 2018 y el 2020”.

“En diciembre de 2020 no se aplicó una sanción, sino que le pidió un plan de recuperación con un plazo de 60 días hábiles. En ese momento vimos una amplia división al interior de la universidad. En marzo, nos entregan dos documentos que dan cuenta de esta situación. Frente a esto, se propuso al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la institución, lo que determinará su cierre y la reubicación de sus estudiantes. Esto no se ha llevado a efecto aún”.