La Unión Europea (UE) ha solicitado este martes a los tribunales belgas que la farmacéutica AstraZeneca sea condenada al pago de una indemnización por los daños causados con el retraso en el reparto de vacunas a los países del bloque, en una segunda demanda civil que se suma al procedimiento de urgencia previo con el que solicita que el laboratorio entregue de inmediato 90 millones de dosis, lo que en cualquier caso representa menos de la mitad de lo firmado para junio.

La Comisión Europea, que ha acudido a la justicia ordinaria tras no lograr de forma amistosa que AstraZeneca cumpliera lo firmado, reclama medidas cautelares para forzar al laboratorio a entregar todas las vacunas comprometidas con la UE, pero también pide acceso a documentación confidencial y que se fije una compensación por “daños y perjuicios”.

La demanda cifra de manera provisional en un euro la indemnización porque el daño no se ha podido evaluar por el momento, pero fuentes jurídicas explican que es el procedimiento habitual y que el monto real se conocerá con el proceso ya en marcha, cuando se pueda analizar el impacto real del incumplimiento.

El Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas que ha celebrado la primera vista este martes ha fijado la siguiente audiencia para los próximos 24 y 29 de septiembre, aunque según fuentes jurídicas es poco probable que haya una decisión definitiva sobre el fondo del caso hasta septiembre de 2022.

Por ello, los abogados que representan al Ejecutivo comunitario y a los Estados miembro han pedido medidas cautelares para que AstraZeneca cumpla con la entrega de todas las dosis comprometidas en el contrato suscrito, esto es 300 millones de dosis, a más tardar en septiembre, aunque ello implique un retraso de tres meses en el calendario fijado.

Los abogados del equipo europeo han subrayado durante la audiencia la “urgencia” para resolver este asunto “a la luz de su impacto en vidas humanas, en las libertades fundamentales y en la campaña de vacunación” y esperaban que se fijara una vista ya en junio, algo que el Tribunal ha descartado por falta de medios.

La defensa de AstraZeneca, por su parte, ha puesto en duda que el caso deba resolverse con carácter de urgencia ya que la Unión Europea ha logrado abastecerse a través de otras firmas distintas que le permiten contar con una reserva “ampliamente suficiente para su población”, en parte gracias al contrato con el laboratorio Pfizer, al que uno de los abogados de AstraZeneca se ha referido como el “mimado” de la Comisión Europea.

Sabiendo que los plazos habituales en la justicia son lentos, la Comisión decidió en abril presentar un procedimiento previo de urgencia en el que la Unión Europea reclama la entrega inmediata de al menos 90 millones de vacunas, lo que en la práctica representa menos de la mitad firmado para junio.

La Justicia belga celebrará el próximo 26 de mayo una primera vista para examinar este asunto y tiene un mes de plazo para tomar una decisión, aunque fuentes jurídicas consultadas por Europa Press esperan que no agote el calendario y se pronuncie en “semanas”.

La Comisión Europea acordó con AstraZeneca la compra de un total de 300 millones de dosis para su suministro a los Veintisiete entre finales de 2020 y junio de 2021, pero la farmacéutica anunció un retraso de tres meses en el calendario previsto y posteriormente ha vuelto a revisar a la baja sus objetivos de reparto con la UE.

De este modo, hasta la fecha ha entregado con retraso los 30 millones de vacunas previstos para diciembre del pasado año y ha ofrecido entregar otros 70 millones antes del verano, aunque de esta partida apenas ha repartido ya 20 millones.

Pero la Comisión considera esta cifra insuficiente y reclama en los tribunales que en vez de 70 sean 90 los millones de vacunas que AstraZeneca haya entregado a más tardar en junio, lo que elevaría el cómputo general a 120 millones de dosis disponibles en los países de la Unión Europea.

El resto de vacunas pendientes según lo firmado, un total de 180 millones, deberían por tanto ser suministradas por la farmacéutica a más tardar en septiembre, de acuerdo al calendario revisado planteado por la Comisión.

AgenciaUno/EP