El conservador Guillermo Lasso asumirá el bastón de mando en Ecuador con el objetivo de que la emergencia derivada de la pandemia no termine de eclipsar otros retos pendientes, tanto en el ámbito socioecómico como en el político. Deberá hacerlo de la mano de una Asamblea Nacional fragmentada que le obligará a negociar para lograr un mínimo de estabilidad política.

Lasso se impuso el 11 de abril en segunda vuelta a Andrés Arauz, heredero político del expresidente Rafael Correa y vencedor de la primera ronda. El correísmo que representa Unión por la Esperanza (UNES), sin embargo, es el partido con más escaños en la Asamblea, donde también ha ganado fuerza el movimiento indígena Pachakutik.

El nuevo mandatario ha tendido la mano en estos últimos meses a sus rivales políticos, consciente de que sin ellos no logrará sacar adelante las grandes reformas que pueda necesitar el país para superar los diversos retos que afronta. “Una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis moral y ética, y de seguridad”, declaró el propio Lasso tras su victoria.

La representante del PNUD en Ecuador, Matilde Mordt, explica en una entrevista a Europa Press que el país tiene por delante “grandes retos” que en cierta medida son “compartidos” por toda la región, si bien reconoce que “el desafío número cero” pasa por contener la pandemia de coronavirus y avanzar en la campaña de vacunación.

Lasso ha hecho precisamente de la aceleración de las vacunas una de sus grandes promesas de campaña, razón por la cual ha mantenido contactos con empresas y gobiernos con vistas a derrotar a un virus que llevó a Ecuador al límite en algunos momentos. El país sudamericano acumula más de 415.000 casos de COVID-19 y más de 14.600 fallecidos.

En el ámbito económico, el presidente electo se ha mostrado optimista, entre otras razones porque la reciente negociación de la deuda externa evita que esta se cierna como una espada de Damocles y no hay grandes vencimientos en los próximos años. Confía en poder eliminar el déficit fiscal en cuatro años, si bien está por ver los efectos a medio plazo de una pandemia que ya provocó en 2020 un desplome del PIB del 7,8 por ciento.

En materia de impuestos, ha prometido no aumentarlos e incluso reducirlos o eliminarlos en algunos casos. Mordt incide en que cualquier futura reforma tributaria “debería ser más redistributiva”, con vistas a repartir la carga fiscal y evitar potenciales escenarios de descontento como las que se han visto en las últimas semanas en Colombia a cuenta de un plan presentado por el Gobierno de Iván Duque.

LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

La representante del PNUD también aboga por aprovechar la “oportunidad” que supone la recuperación post pandemia para plantear un desarrollo más sostenible, con vistas por ejemplo a atender una crisis medioambiental a la que, en su opinión, “se le está poniendo poca atención”, a pesar de que las autoridades ecuatorianas y la ONU sí estarían colaborando en diversos ámbitos con programas específicos en sectores clave como la pesca, que da empleo a unas 300.000 personas.

En materia de empleo, las tasas de paro se mantienen pese a la pandemia en niveles relativamente bajos –en torno al 5 por ciento–, pero desde el PNUD recuerdan los datos que se “esconden” por debajo, como puede ser la “enorme” informalidad que hay a nivel laboral y la mala calidad del empleo, ya que solo tres de cada diez personas tienen lo que se denomina un trabajo ‘adecuado’, es decir, de 40 horas y con un salario que supere el básico.

Mordt recuerda que América Latina es “la región más desigual de todo el mundo” y Ecuador no es la excepción. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ha empeorado en 2020 hasta situarse en 0,500 –justo la mitad entre los dos extremos–, si bien hay diferencias entre el entorno urbano y el rural, donde se presentan los peores datos.

La incidencia de la pobreza por ingresos alcanza en las áreas rurales el 47,9 por ciento, mientras que en las urbanas ronda el 25,1 por ciento, según datos oficiales a cierre de 2020 y que reflejan los daños colaterales de la pandemia. La pobreza por ingresos ha crecido más de siete puntos, hasta el 32,4 por ciento, mientras que en su grado extremo ya se acerca al 15 por ciento en todo el país.

“Ya veníamos históricamente de tasas de pobreza que no terminaban de bajar”, afirma la responsable del PNUD, que llama a adoptar programas específicos para algunos de los colectivos más golpeados, como pueden ser los jóvenes, las mujeres o los indígenas. Asimismo, apunta que los bonos de emergencia impulsados durante la pandemia “no están llegando a los más pobres de los más pobres”, donde solo estaría cubierto el 33 por ciento.

GOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN

Lasso deberá hacer frente durante su mandato al descontento latente de una población que siente que los servicios públicos no terminan de llegar y que desconfían de unas instituciones marcadas por años de malas prácticas. “Se necesitan instituciones fortalecidas, más diálogo y acuerdos, fomentar la cohesión social”, enfatiza Mordt.

La “crisis de gobernanza” que afecta a la región tiene en el caso de Ecuador el añadido de la coexistencia de los poderes ejecutivo y legislativos, obligados a convivir en un escenario que la representante del PNUD vaticina “complejo” pero el que se hará necesario ir negociando “tema por tema” para garantizar un mínimo de estabilidad.

El presidente electo de Ecuador también ha incluido dentro de sus grandes líneas de gobierno la lucha contra la corrupción, una lacra que “de alguna manera ha ido socavando el contrato social” y que ha jugado en contra de un contexto en el que “se necesitan instituciones fortalecidas”, en palabras de Mondt.

La ONU ya ha mantenido conversaciones con la administración entrante para apoyarla en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y Lasso ha prometido un código de ética para funcionarios públicos con el que quiere enviar una señal clara tanto a los miembros de la administración pública como a una ciudadanía que aspira a un mínimo de limpieza institucional.

AgenciaUno/EP