Tras cumplirse 31 semanas consecutivas de alzas en el precio del combustible –lo que ha significado que en algunas partes del país la bencina de 93 octanos supere los $1.000 el litro- este jueves el Partido Progresista presentó una nueva medida económica que busca eliminar de manera transitoria el Impuesto Específico a los Combustibles durante el período de la pandemia.

Según explicó el fundador de la colectividad, Marco Enríquez-Ominami, “el precio de los combustibles no ha cesado de aumentar en las últimas semanas y lo cierto es que buena parte de lo que pagamos en combustibles, corresponde a impuestos, al IVA, al valor agregado”.

“¿Qué hacemos, entonces, cuando el Congreso y el gobierno acuerdan prorrogar el estado de catástrofe constitucional que es un momento excepcional? Sigamos la lógica y congelemos el impuesto a los combustibles”, agregó el excandidato presidencial, detallando que ello “significaría -por ejemplo- $250 menos en la gasolina por litro, $65 menos en el diésel”.

“Es una medida concreta porque gobernar es proteger, porque la lógica impone que la clase media, los feriantes y mucha gente, necesita protección económica. Si hicieron excepciones para algunos sectores industriales, para no pagar tan intensamente el impuesto a los combustibles como la clase media, entonces hoy seamos justos y protejamos. Congelar durante el estado de excepción, de catástrofe constitucional, el impuesto a los combustibles, es una medida reactivadora y justa”, puntualizó Enríquez-Ominami.

La propuesta en cuestión, apunta a disponer una medida transitoria en un contexto excepcional de crisis que permita, en un futuro, abrir una discusión de más largo aliento para un nuevo sistema de tributación en materia de combustibles, que articule eficiencia y justicia en materia de recaudación tributaria.

De esta manera, los progresistas proponen eliminar de forma transitoria el Impuesto Específico a Combustibles, específicamente, a las gasolinas automotrices y al petróleo diésel, en el marco de la vigencia del estado de excepción constitucional, o alguna emergencia pública que comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía, argumentando que no existe justificación para la mantención de este impuesto en tiempos de grandes necesidades de las familias chilenas.

En esa línea, detallan, el beneficio final a los consumidores podría representar cerca de $250 menos en promedio por litro de gasolina y $65 menos por litro de diésel.

Además, agregan, la medida transitoria propuesta sobre el Impuesto Específico a los Combustibles sería una contribución a la reactivación económica, porque “sería un tremendo beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas, y en general para las personas que ocupan su vehículo como una herramienta de trabajo, como es el caso, por ejemplo, de las y los trabajadores de las ferias libres, cuyo papel ha sido clave en la cadena de abastecimiento y en la economía familiar. Sería, entonces, una herramienta de impulso para la actividad económica”.

La propuesta del PRO también considera necesario abrir la discusión para un nuevo sistema de tributación en los combustibles, en donde el impuesto no sea regresivo, por lo que impulsan la creación del GEPCO: Gestión Sustentable del Precio de los Combustibles que genere un sistema diferenciado de cobro de impuesto específico a los combustibles.

Dicha iniciativa generará impuestos específicos partir de una escala diferenciadora de grandes empresas, medianas, pequeñas y mini empresas, dejando con menor carga a las personas naturales, lo que implica también la eliminación de los beneficios a las grandes empresas en materia de devolución, ayudando a evitar la elusión que se genera cuando una persona natural compra combustible con un RUT de empresa.

“Finalmente, el GEPCO en el mediano plazo, deberá implementar políticas impositivas verdes para incentivar el uso de energías renovables y comenzar a generar una transición al uso de energías verdes para el transporte vehicular, como en los casos de Alemania y Noruega”, concluye el partido en su propuesta.