El Gobierno de Perú, en representación del poder Ejecutivo, ha declinado la solicitud de Fuerza Popular, y su candidata presidencial Keiko Fujimori, para llevar a cabo una auditoría internacional sobre la segunda vuelta de las elecciones generales, realizadas el pasado 6 de junio.

A través del Ministerio de Justicia, el Gobierno peruano ha apuntado que, como poder de Estado, “no puede intervenir en un proceso electoral”, informa el diario local ‘La República’.

“En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”, ha relatado en un comunicado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega.

Por tanto, desde el Ministerio se ha instado a Fujimori y su formación política a que trasladen su petición al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ya se encuentra inmerso en el proceso de evaluación y resolución de las impugnaciones y solicitudes de nulidad que ha llevado a cabo Fuerza Popular.

En respuesta a esto, Fujimori ha cuestionado la posición del poder Ejecutivo y ha calificado esta decisión como una “gran decepción”, pues considera que el presidente del país, Francisco Sagasti, “ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar unas elecciones limpias en igualdad de condiciones” y ha abocado a los peruanos a una “oscuridad e incertidumbre electoral”, según recoge ‘El Comercio’.

En sus redes sociales, la candidata de Fuerza Popular ha expresado que Sagasti podría haber trascendido como “un hombre justo que se la jugó por la democracia”, pero ha lamentado que haya preferido ser recordado como “un presidente por accidente”.

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó al líder de Perú Libre, Pedro Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, que con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido la anulación de actas.

Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que las ha empezado a declarar “infundadas” las denuncias de Fujimori, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.

La jornada electoral fue supervisada por varios organismos nacionales e internacionales, con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea, entre otros, que han descartado irregularidades durante el proceso de votación.

AgenciaUno/EP