Las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, a nombre del Gobierno, presentaron una denuncia contra el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, por apropiación indebida, tras haber sido inoculado con una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Cabe recordar que Gil fue vacunado con una tercera dosis del inmunizador del laboratorio Pfizer-BioNTech, aunque había completado sus dos dosis con Sinovac.

Según el texto ingresado a la Fiscalía Oriente, “además de configurar la comisión de delitos, perjudica directamente a grupo más vulnerable de nuestra población a quienes se destina dicha inoculación, esto es niños, niñas y adolescentes”.

Además señalan en el documento que Gil “habría realizado acciones directas a asegurar la impunidad de su actuar”, tales como la solicitud de un certificado médico y el despido de la enfermera que informó a la autoridad sanitaria sobre el caso, según información recogida por ADN Radio.

Cabe precisar además que el ministro de Salud, Enrique Paris, incluso dijo -en entrevista con Canal 13- que podrían haber sanciones contra la CLC, como el término del convenio actual para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, que pertenecen al Estado.