“Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno; Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Educación; Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución; y Yasna Provoste, presidenta del Senado, se han sumado a este Proyecto de Ley, Boletín 14.484-06, que busca más transparencia frente a los aportes que se reciben en las elecciones”, explicó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Alejandro Navarro.

De acuerdo al senador progresista, “el financiamiento para las campañas puede ser público: aporte que realiza el Estado a través del anticipo fiscal a las candidaturas independientes y partidos políticos; o privado: créditos con mandato a instituciones financieras, aportes propios del candidato, de partidos políticos o de personas naturales”.

“En las elecciones para constituyentes”, añadió, “el total de aportes desde todas las fuentes ascendió a $12.375.673.692, mientras que las transferencias dirigidas únicamente a candidatos, sumaron $8.647.638.184. Resalta aquí un grupo de 51 directores de Administradoras Generales de Fondos (AGF) y AFP, que aportan $256.626.606 a campañas coincidentemente de partidos como Republicano, UDI, RN y Evópoli”, agregó.

“Lo más peligroso aquí, son los créditos con mandato: préstamos entregados por los bancos a los candidatos y que se pagan con el dinero que el Servicio Electoral entrega por cada voto recibido. Pero el Servel no fiscaliza quienes son los avales de los préstamos solicitados, y los bancos, bajo el secreto bancario, no pueden informar nada respecto a sus nombres, ni de los candidatos y partidos que hicieron uso de dichos créditos. Por tanto, cualquier tercero puede respaldar los créditos y mantenerse en un completo anonimato, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de una campaña, ya que si el candidato o partido no obtiene votos suficientes para asumir el pago de lo adeudado, este tercero anónimo puede asumir la deuda y transformarse en el mayor aportante”, explicó.

“Es decir”, afirmó, “un aval que no le cobra la deuda a su candidato puede terminar siendo su principal financista, sin que se conozca su identidad y burlando los límites a las donaciones, lo que nos rememora los bullados casos de SQM y Penta, que mezclaban la política con el poder y el dinero”.

“Por ello hemos ingresado este Proyecto junto a los senadores Provoste, Quintana, Bianchi y Araya, pues la ciudadanía exige más transparencia en todos los niveles, lo que incluye por cierto las elecciones, donde no podemos tener a candidatos ni candidatas que debido a que alguien les prestó dinero, luego tengan que pagar con favores políticos. Eso no puede ocurrir más en Chile y está Ley lo prohibirá”, sentenció Alejandro Navarro.