Luego de un minucioso levantamiento de cifras y reuniones con especialistas en rehabilitación, los parlamentarios liderados por el diputado Sebastián Torrealba, ingresaron el proyecto que busca apoyar el financiamiento de los tratamientos de aquellos que han sufrido secuelas graves tras el COVID.

El proyecto de ley contempla un régimen de garantías en salud para que el Ministerio de esta cartera de gobierno genere una nueva garantía por el plazo de tres años, que asegure una canasta de prestaciones médicas a las personas con secuelas post COVID posteriores a cuadros de baja, mediana y alta complejidad.

Según información de la División de Prevención y Control de enfermedades del Ministerio de Salud, se estima que son 85.000 las personas beneficiadas con necesidades de rehabilitación producto del COVID 19 y sus secuelas. Se incluyen en este cálculo aquellas personas que desarrollan Long COVID (o secuelas a largo plazo) posterior a cuadros de mediana y baja complejidad; y también las condiciones graves que desarrollan síndrome post UCI, cuya necesidad de rehabilitación es idéntica a los secuelados post COVID graves.

Torrealba aseguró que este proyecto hará justicia con todos aquellos sobrevivientes de esta enfermedad: “El costo de rehabilitación de una persona que ha sufrido graves secuelas es del orden de 800 mil pesos mensuales: entre remedios y prestaciones médicas, y no hay hoy en día bolsillo que aguante ante esta situación. La idea es que el Estado se haga cargo de los costos a través de Fonasa y que las Isapres también se comprometan con los gastos”.

Además Torrealba agregó que los recursos existen: “Hemos conversado hace mucho rato con el gobierno y esperamos que rápidamente la iniciativa se transforme en ley. Muchos chilenos necesitan de la solidaridad del estado”.

En la misma línea, la diputada, Karin Luck, hizo hincapié en que es muy importante saber cómo se va a rehabilitar y los recursos que se deben destinar: “Son muchas personas que están hoy padeciendo secuelas graves del COVID y vendrán más. El Estado se debe hacer cargo de las consecuencias que ha generado esta enfermedad, ya sea respiratorias, de movilidad, entre otras, que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos estos afectados”, señaló.

Los parlamentarios solicitaron al Gobierno que patrocine el proyecto y que además le ponga discusión inmediata para que sea ley lo antes posible.