El proyecto de ley de reforma al Código de Aguas dio ayer un importante paso en su trámite legislativo, al ser aprobado en general en la Sala del Senado con un resultado unánime de 36 votos a favor y 0 en contra. Con esto, la iniciativa que busca modificar el régimen jurídico de las aguas contenido en el Código de Aguas de 1981, pasó a trámite de discusión en particular en la ruta para ser promulgado como Ley.

“Chile es uno de los países que está sufriendo el cambio climático en forma más extrema. Estamos sufriendo una sequía que ya se extiende por más de una década, este es un cambio que evidentemente ha llegado para quedarse. Por eso, esto es algo en lo cual tenemos que trabajar todos juntos, esto no tiene un color político y creo que la sala del Senado hoy día ha refrendado eso”, afirmó el ministro Alfredo Moreno, tras la votación en la Sala del Senado.

Además, el titular de Obras Públicas destacó algunas de las principales reformas que tendrá el nuevo texto legal. “En primer lugar, se declara expresamente la prioridad que tiene el consumo humano. Además, se agrega no solamente el consumo directamente del agua, sino que también los usos de subsistencia, es decir, para los pequeños lugares agrícolas, en donde las personas tienen un pequeño uso del agua para producir sus propios alimentos, también son priorizados”.

“También lo que es el saneamiento y eso queda claramente establecido. Por otra parte -y recogiendo lo que es la nueva realidad que se vive en Chile y el mundo que no teníamos a principios de los 80- se recoge también la prioridad de lo que es el cuidado de ciertos valores ecológicos importantes. Se establece cómo deben ser realizados los caudales ecológicos, cómo se deben cuidar los acuíferos. Le entrega a la Dirección General de Aguas, que es el brazo que tiene el Estado para fiscalizar y regular los aspectos del agua, muchísimo más fuerza para realizar su tarea”, señaló.

Tal como indicó el ministro Moreno, el proyecto de ley en lo principal reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano con carácter de esencial e irrenunciable; considera al agua como un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todo los habitantes; los derechos de aprovechamiento de aguas se constituirán en función del interés público, que incluye el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos.

Adicionalmente, modifica el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas: les da el carácter de temporal en virtud de una concesión; reconoce una nueva categoría de derecho para usos no extractivos o de uso en su fuente, restringe el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez; establece causales de extinción y caducidad por la no inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Otras modificaciones importantes dan cuenta de que se habilita al Presidente de la República para reservar el recurso para fines de preservación ecosistémica, mejoras en la potestad sancionatoria de la Dirección General de Aguas, incorporación de disposiciones sobre aguas subterráneas, gestión sustentable, entre diversas mociones que potencian la autoridad y potestad para requerir información sobre los derechos entregados.

La moción parlamentaria, que incluye 110 modificaciones al cuerpo legal, ha debido sortear diferentes etapas desde su ingreso a tramitación legislativa el 17 de marzo de 2011 sufriendo cambios tanto en primer como en segundo trámite constitucional: indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 y 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, y en 2019 y 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera.

Ahora se abre el periodo de indicaciones hasta mañana a las 9.30 de la mañana, las cuales se discutirán en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, para que luego el proyecto de ley vuelva a la Sala para su discusión en particular.