La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este martes a los talibán que pongan fin a sus operaciones en centros urbanos, tras hacerse con el control de seis capitales de provincia en cinco días, y ha alertado de las consecuencias del conflicto para la población civil de Afganistán.

“Sabemos que la guerra urbana deriva en multitud de civiles muertos. Lo hemos visto antes, demasiadas veces”, ha dicho Bachelet, quien ha incidido en que su oficina ha recibido informaciones sobre violaciones que podrían equivaler a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Así, ha resaltado que desde el 9 de julio han muerto más de 180 civiles y cerca de 1.200 han resultado heridos en cuatro ciudades –Lashkargá, Kandahar, Herat y Kunduz–, antes de destacar que “estas son sólo las víctimas civiles que se han podido documentar, pero las cifras reales serán mucho más altas”.

“Las partes en conflicto deben detener los combates para evitar un mayor derramamiento de sangre. Los talibán deben poner fin a sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y logren un acuerdo pacífico, la ya atroz situación de muchos afganos será mucho peor”, ha argüido.

En este sentido, Bachelet ha pedido a todos los países que usen su influencia para lograr el fin de las hostilidades y ha explicado que “los estados tienen en deber de usar todo peso que tengan para reducir las tensiones e impulsar el proceso de paz”.

“Los combates deben terminar”, ha reiterado, después de que más de 240.000 personas se hayan visto desplazadas desde el inicio de la ofensiva talibán en mayo, según datos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), que ha apuntado además a graves daños en infraestructura clave.

La ciudad de Lashkargá ha registrado la muerte de cerca de 140 civiles desde el inicio de los enfrentamientos el 28 de julio, con los hospitales casi al borde de su capacidad. Asimismo, una clínica sufrió daños materiales el 31 de julio en un bombardeo de la Fuerza Aérea afgana que se saldó con la muerte de un civil.

Bachelet ha sostenido que la ofensiva de los talibán contra estas ciudades “ha causado miedo y pánico entre la población” y ha añadido que el surgimiento de milicias progubernamentales para hacer frente a la ofensiva de los insurgentes podría suponer un riesgo adicional para la población civil del país centroasiático.

Por otra parte, ha reseñado que, en las zonas ya bajo control de los talibán y en disputa, su oficina ha recibido informaciones sobre ejecuciones sumarias, ataques contra funcionarios y exfuncionarios, uso militar y destrucción de viviendas, escuelas y clínicas y colocación de explosivos, así como el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad tras entregarse a los insurgentes después de que se garantizase su seguridad.

Bachelet ha mostrado su preocupación por los indicios que apuntan a que los talibán están imponiendo severas restricciones de los Derechos Humanos en las zonas bajo su control, particularmente contra las mujeres. “La gente teme con razón que una toma del poder por parte de los talibán erosione los avances en Derechos Humanos de las últimas dos décadas”, ha argumentado.

“Hemos recibido informaciones de mujeres y niñas de varios distritos bajo control de los talibán a las que se prohíbe salir de casa sin un guardián masculino. Estas restricciones tienen un grave impacto sobre los derechos de las mujeres, incluido el derecho a la salud, y, claramente, en mitad de una guerra, la necesidad de acceso a atención médica para ellas y sus familias es un asunto de vida o muerte”, ha dicho.

“Reducir la capacidad de una mujer de salir de casa sin un acompañante masculino lleva de forma inevitable a una cascada de otras violaciones de los derechos económicos y sociales de la mujer y su familia”, ha advertido, después de que los talibán hayan amenazado con represalias contra aquellas que violen estas restricciones, incluidas flagelaciones y ejecuciones.

Así, ha hecho hincapié en que “la población de Afganistán está hablando de su profundo temor sobre un retorno a las peores violaciones de los Derechos Humanos del pasado”. “Las mujeres, minorías, activistas, periodistas y otros que son particularmente vulnerables necesitan protección particular. Hay riesgos muy reales de renovadas atrocidades contra minorías étnicas y religiosas”, ha alertado.

“Seguiremos supervisando la situación de Derechos Humanos, a pesar de los desafíos de seguridad y de otro tipo”, ha señalado Bachelet, quien ha pedido a la comunidad internacional que “adopte medidas urgentes para evitar nuevas atrocidades y garantizar que los civiles de Afganistán no tienen que soportar de nuevo la carga y las consecuencias de un conflicto prolongado y mortal”.

Por su parte, el Comité Internacional para la Cruz Roja (CICR) ha señalado que sus equipos han atendido desde el 1 de agosto a más de 4.000 personas por heridas provocadas por los combates y ha pedido a las partes que muestren contención y eviten los ataques contra centros de salud.

“La gente no puede llegar a los servicios sanitarios o los servicios sanitarios no pueden funcionar con normalidad a causa de los daños o porque el movimiento es imposible, el personal no puede trabajar, no puede acceder a las clínicas o los hospitales están en líneas de frente”, ha dicho el director de la delegación del CICR en Afganistán, Eloi Fillion.

Asimismo, ha alertado de que el servicio eléctrico y el suministro de agua en varias ciudades en disputa prácticamente no funciona, mientras que muchas familias que quieren huir de los enfrentamientos no pueden escapar por falta de transporte o de dinero para pagar el viaje.

“Esto no da la posibilidad a organizaciones como la nuestra a dar los servicios necesarios”, ha lamentado, antes de agregar que lo más preocupante es “la forma en la que están teniendo lugar los combates en zonas densamente pobladas”.

Fillion ha explicado que “lo que es realmente importante es que los que combaten eviten en lo posible los daños a hospitales y el impacto negativo sobre el movimiento de ambulancias, de personal médico, y que limiten los daños a la infraestructura de luz y agua para permitir que la población civil en esas zonas viva con la mayor normalidad posible”.

En esta línea se ha expresado Médicos Sin Fronteras (MSF). “La situación en el país se ha deteriorado hasta tal punto que, en algunas ciudades, como Lashkargá y Kunduz, las instalaciones médicas se encuentran ya en primera línea del frente”, ha manifestado Laura Bourjolly, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en Afganistán.

“El personal de MSF sigue atendiendo a los pacientes en todos nuestros proyectos, en circunstancias muy complicadas, así que hemos adaptado nuestras actividades médicas para responder a estas graves necesidades”, ha añadido, según un comunicado de la ONG.

En este sentido, MSF ha relatado que los combates han provocado una parálisis en Lashkargá y ha denunciado que los bombardeos y ataques con mortero han impactado muy cerca del hospital de Bus, apoyado por la organización. Así, ha resaltado que la guerra está causando una gran presión sobre un sistema sanitario “deficitario”.

“Las urgencias médicas, los partos y las enfermedades crónicas no se detienen en tiempos de guerra. Sólo habíamos tenido una mujer embarazada en el hospital, pero al día siguiente, cuando los combates se calmaron un poco, una decena de mujeres embarazadas consiguieron llegar hasta nosotros”, ha sostenido Sarah Leahy, coordinadora del proyecto de MSF en Helmand”.

AgenciaUno/EP