“La Corte Suprema dictaminó que la Actualización del Plan Regulador San Pedro de Atacama debía someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 se rija por los estándares del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, manifestó el senador Alejandro Navarro (PRO), respecto a la resolución del máximo tribunal del país durante el año 2011.

El parlamentario explicó que “tal como ha ocurrido en Concepción, en el Plan Regulador de Atacama la Corema no realizó la consulta a las comunidades indígenas, y solo informó a la comunidad de manera general, no permitiéndoles influir en la nueva planificación territorial que se estaba proponiendo; desplegar un dispositivo para informar no equivale a que haya habido participación, menos una consulta”.

“En el caso del PRMC la situación es muy similar”, continuó, “pues este importante instrumento de planificación urbana se intenta implementar sin que haya existido una verdadera participación y consulta de la comunidad de las comunas incluidas en el mismo, y donde vive cerca de 1 millón de personas”.

“Además, en las 11 comunas, Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé, viven más de 90 mil personas pertenecientes a los pueblos originarios, representando el 15% de los hogares del Gran Concepción”, afirmó el senador.

El parlamentario sostuvo que “lo más lógico es que se les respete y se les consulte su opinión respecto a este Plan Regulador, toda vez que su omisión constituye un acto discriminatorio de acuerdo al derecho internacional, ya que el Estado chileno debe promover la consulta y participación previa de nuestros pueblos originarios, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El legislador afirmó que “por ello hemos señalado que aunque 13 cores del Biobío hayan aprobado este nefasto Plan que beneficia a empresas e inmobiliarias, y va en desmedro de la ciudadanía y el medioambiente, todo lo resolverá la Corte con este recurso que interpusimos en julio y que aun está en trámite”.

“Y si se aplica la jurisprudencia, tal como en el caso de Atacama, este PRMC quedará sin efecto, pues se obligará a la autoridad regional a aplicar la Consulta Indígena, lo que significará un cambio completo, pues nuestros pueblos originarios no permitirán mineras en Penco, vertederos en Tomé, más termoeléctricas en Coronel, ni construcciones encima de los humedales”, finalizó el senador por la Región del Biobío.