La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió hoy en un punto de prensa virtual a diferentes temas de actualidad, respondiendo consultas –entre otros temas- sobre los dichos del juez de garantía, Daniel Urrutia, ante la comisión de derechos humanos de la Convención Constitucional.

“En primer lugar debo manifestar que no comparto en absoluto las opiniones del juez Urrutia, pero no me voy a referir sobre lo que ha manifestado. Pero sí, en mi opinión, los miembros de la judicatura deben ejercer su ministerio con independencia, la que debe ser interna y externa, de manera imparcial, esto es libre de todo prejuicio, es decir no tener una postura definida previa respecto de las partes litigantes en un juicio que debe resolver . Además deben ser prudentes y mesurados. Creo que sobre esta materia es interesante lo que ha dicho la doctrina en el sentido que un juez es un juez en la medida que se comporta como un juez”.

Explicó que son las Cortes de Apelaciones las que deben velar por la conducta de los jueces y en este caso la Corte de Santiago optó por no abrir una investigación en su contra.

La ministra también fue consultada por la participación del Poder Judicial en la Convención Constitucional y la forma de presentar las ideas sobre los posibles cambios en la institución: “El año pasado se hicieron jornadas de reflexión de la Corte Suprema y del resultado de esa interesante actividad surgieron documentos e insumos que dan cuenta de nuestra postura frente al proceso constituyente que se está viviendo y están a disposición de los convencionales para que las consideren en su análisis en el capítulo concerniente al Poder Judicial. No se ha conversado ni planteado ni acordado, por ahora, que haya una presentación oficial y formal ante los constituyentes en cuanto a la postura que tiene el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular”, determinó.

Ante la suspensión de la jueza de Garantía de Coyhaique y la investigación en su contra, la vocera del máximo tribunal explicó que hay dos líneas de investigación.

“La judicial que es liderada por el Ministerio Público y, además, hay dos sumarios administrativos que se están instruyendo por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Se dispuso la medida de suspensión de funciones que está rigiendo a partir del 3 de agosto y además otra investigación administrativa que está a cargo del fiscal judicial. Entonces hay una vía administrativa disciplinaria para ver si, además, de haber eventualmente cometido un delito habría incurrido en una infracción de orden administrativa, en cuyo caso correspondería aplicar una sanción. Pero eso está pendiente, se debe conocer en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y luego, en segunda instancia, por la Corte Suprema y, además, está la vía penal”.

Por último, se le consultó sobre el proceso migratorio en el norte del país y las críticas del Gobierno a las resoluciones de recursos de amparo. La ministra explicó que los tribunales deben velar por los derechos de todas las personas, incluidos los migrantes.

“Bueno, si el criterio ha cambiado, y es el criterio del máximo tribunal, pareciera que el criterio que debería cambiar es el del Ministerio del Interior. Con todo, los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema, dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los migrantes”, añadió la autoridad.