La comisión investigadora de los actos del Gobierno y las policías en el marco del estallido social de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el informe que estableció responsabilidades políticas del Presidente Sebastián Piñera y que pretende contribuir a las investigaciones de juzgamiento penal internacional por crímenes de lesa humanidad.

El documento emitido por la instancia, presidida por la diputada socialista Maya Fernández, estableció que “desde el 28 de octubre de 2019 en adelante, han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, por lo que no son hechos aislados, excesos, ni errores puntuales”, agregando también que “estos hechos forman parte de una política de Estado cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.

Además advierte de posibles responsabilidades penales por parte de agentes del Estado de Chile, no solo en nuestro país sino que internacionalmente, debido a su participación en crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto de Roma.

Respecto a quienes serían los responsables políticos de los hechos ocurridos con posterioridad al 28 de octubre (fecha de inicio de la comisión), el informe señala directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, por las graves y reiteradas violaciones de derechos humanos ocurridos en nuestro país desde octubre de 2019 a la fecha.

Entre la lista de responsables políticos, se incluye a los anteriores y el actual ministro de Interior: Gonzalo Blumel Mac-Iver, Victor Pérez Varela y Rodrigo Delgado Mocarquer; al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney; el actual Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli Basili; y al ex Intendente y actual Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara Stephen.

El documento además añade una serie de recomendaciones al Ejecutivo, entre las que se destacan la transformación de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile, la creación de una comisión de Verdad, Justicia y Reparación Integral, cuya información no será secreta y la ejecución de la glosa 12 de la Partida 50 del Tesoro Público, para entregar pensiones de sobrevivencia a aquellas víctimas que hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos.

Para Fernández, presidenta de la instancia que reunió a otros 12 diputadas y diputados, la aprobación de este informe permite “contribuir a la verdad y justicia que tanto han buscado las víctimas y que ha sido negada” y “se transforma en un imperativo para Piñera y su gobierno dar explicaciones frente a las graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron contra quienes buscaban manifestarse”.

Frente a la posibilidad de que tribunales internacionales pudiesen juzgar a agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, la parlamentaria señaló que “los testimonios y relatos de las víctimas son de una gravedad tal que deben ser juzgados” y si “no existe la voluntad de responder frente a las víctimas, será el derecho internacional el que deba dar respuesta”.