El Ministerio Público se encuentra investigando penalmente a AFP Provida, luego que 70 madres –agrupadas en el movimiento “Indignados con AFP Provida” presentara en marzo una querella en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones- representada legalmente por Gregorio Ruiz-Esquide Sandoval- por su presunta participación en los delitos reiterados de desacato.

Según denuncian en su querella, patrocinada por la abogada Carolina Araya, la Administradora no ha dado cumplimiento “en tiempo y forma a las resoluciones judiciales que ordenan a la querellada realizar el pago de los dineros retenidos correspondientes al 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual obligatoria por concepto de obligaciones impagas de pensión de alimentos”.

Lo anterior, porque de acuerdo a las disposiciones transitorias, los Tribunales de Familia pueden decretar medidas cautelares de retención de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual obligatoria, por los montos de retiro autorizados en la reforma constitucional, cuando el respectivo afiliado o beneficiario de pensión de sobrevivencia solicite retirar o pueda hacerlo al contar con recursos para aquello.

La medida, según detalló Araya, tiene como objetivo cautelar el pago de derechos derivados de pensiones alimenticias, sin embargo, en los casos que sustentan la querella, las víctimas cuentan con órdenes de pago “decretadas en juicios de alimentos, sustanciados bajo las normas del debido proceso en los distintos tribunales de familia del país, ordenes que han sido notificadas válidamente al alimentante por el tribunal en el cual se tramitan al mail institucional que la AFP Provida dispuso al efecto, para poner en su conocimiento dichas resoluciones y así cumplir con el mandato legal que ordena su retención y pago, mandato judicial que ha sido desobedecido de forma directa y manifiesta por el actuar del querellado”.

“Cuando partimos con las acciones judiciales en marzo éramos 56 afectadas, hoy somos cerca de 70 querellantes de todas las regiones de Chile y semana a semana, se suman más afectadas por el actuar de AFP Provida, que buscan que la institución cumpla con el mandato legal que ordena el pago con los fondos del afiliado que debe pensión de alimentos”, aseveró.

Por su parte, la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, -a cargo de la indagatoria- ya encargó las primeras diligencias a la PDI para tomar declaración a las víctimas.

Paralelamente, la agrupación presentó un recurso de protección exigiendo el pago de los dineros adeudados, ya que –de acuerdo a los antecedentes- AFP Provida descontó los montos respectivos de acuerdo al 10%, desde las cuentas de capitalización individual, sin embargo, éstos no han sido transferido a los bancos informados.

“Es decir, se han vulnerado nuestras garantías constitucionales como el derecho a la vida e integridad física y síquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, toda vez que AFP Provida ha hecho caso omiso a las órdenes de pago emitida por los tribunales de familia”, agregó, Araya, mencionando que “con estas acciones buscamos que Provida nos indemnice por las demoras, los incumplimientos reiterados y porque cuando vamos a las sucursales, las respuestas se repiten en cuanto a que Provida tiene hasta un año para dar curso a los pagos”.

Por último, la abogada aseguró que “dentro de las acciones legales no descartamos recurrir a la Contraloría a fin de que realice una investigación a la superintendencia de AFP, porque sabemos que son miles los casos como los de nosotras a lo largo de todo Chile”.

“Hacemos un llamado a los diputados y senadores que hoy están legislando acerca de la Ley del cuarto retiro, a fin de que establezcan en la ley un plazo de 10 días para que las AFP realicen el pago de las retenciones, porque nos parece que este vacío legal es el que aprovechan las administradoras de fondos de pensiones para demorar los pagos ordenados por los tribunales”, concluyó.