El gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, ha presentado este viernes un recurso de protección contra el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, por abandono de deberes ante la situación migratoria en el país latinoamericano.

“El alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos”, señala el gobernador.

De forma paralela, denuncia que esto “se transforma en ilegal y arbitrario por su obrar y conducta, en este caso, al no asumir como es debido de un Estado de Derecho, las funciones y atribuciones que posee”, según ha recogido Radio Bío-Bío.

“Hoy en día y ante estas circunstancias se priva a todos los habitantes de la región de un derecho legal, legítimo, irrenunciable e inalienable, como es el de vivir en paz, con las garantías constitucionales de respeto y cuidado de la integridad física y psíquica de cada uno”, ha agregado.

Carvajal, que también ha culpado al ministro del Interior, Rodrigo Delgado; al ministro de Defensa, Baldo Prokurika; al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, ha advertido de que la situación “no va a terminar en los próximos meses”. “Vamos a seguir teniendo un ingreso importante de venezolanos (…) que el presidente reconozca que no tenemos capacidad de recibir y albergar”, ha insistido, antes de señalar que la manera de actual de Piñera vulnera acuerdos internacionales.

El Gobierno de Chile ha anunciado que retomará las expulsiones de extranjeros, a pesar de un fallo de la Corte Suprema, que en junio rechazó este proceder. Este mismo viernes, Carabineros ha desalojado a una decena de migrantes que estaban acampados en una plaza ubicada en la ciudad de Iquique, en un operativo en el que se han registrado incidentes y ha dejado varios detenidos, un número aún sin especificar.

Las personas acampadas han entrado en Chile por pasos no habilitados, pero han sido sometidos a pruebas diagnósticas de la COVID-19. Algunos son enviados a centros sanitarios, pero una vez que dejan estos recintos no tienen un lugar donde ir o quedarse.