El Ministerio de Hacienda informó que ingresó el proyecto de Ley que modifica la Ley 20.128, sobre responsabilidad fiscal, para actualizar y fortalecer el marco institucional que rige la política fiscal chilena.

Frente a las grandes dificultades que se enfrentan por la pandemia, el Gobierno desplegó la Red de Protección Social con apoyos y transferencias de niveles históricos. Este necesario gasto permitió suavizar las consecuencias de la pandemia, pero también implicó un gran esfuerzo. Así, en 2021 el déficit fiscal alcanzará cifras cercanas a un 8,3% del PIB, y el estructural un 11,5% del PIB. Por su parte, se espera que la deuda pública bruta alcance un 35% del PIB a fines de 2021.

En este contexto, una nueva ley de responsabilidad fiscal pretende retomar la senda de consolidación de las finanzas públicas, en la medida en que la economía y los empleos repuntan y los índices de movilidad se normalizan, para volver a acumular ahorros que permitan enfrentar nuevas crisis y reducir las presiones sobre los precios y las tasas de interés de nuestra economía.

“La responsabilidad fiscal que históricamente ha caracterizado a nuestro país, es lo que nos permitió gastar y apoyar a nuestros compatriotas durante esta crisis sin precedentes, que ha causado la pandemia del Covid-19. Por lo mismo, creemos que es de suma relevancia retomar esa senda y volver a ahorrar con reglas aún más claras, para enfrentar posibles shocks en el futuro”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Un primer paso para retomar niveles de gasto público sostenibles se da con el ajuste, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2022, a los niveles de gastos transitorios que fueron necesarios por la pandemia. Haber contado con recursos suficientes para desplegar una red robusta de ayudas le entrega validación política y social a la institucionalidad fiscal que hizo posible contar con dichos ahorros. Por esto, se propone comenzar a acumular recursos para futuros desafíos, lo que a su vez requiere robustecer nuestro marco legal.

El contenido de este proyecto surge de un extenso proceso liderado por el Ministerio, que significó la recopilación, en colaboración con diversos expertos, de los aspectos de la regla que debían ser mejorados.

Los objetivos del Proyecto de Ley son:

1. Dotar la regla fiscal de un ancla explícita en la posición financiera neta del Gobierno Central, junto con determinar una gestión esperada en política de activos. Esta herramienta complementará la meta de saldo estructural actualmente aplicada, implementando una regla dual en la normativa fiscal nacional.

2. Entregar mayor flexibilidad a la regla fiscal durante etapas de estrés, entregándole cauces que permitan hacer frente institucionalmente a las crisis. Así, se regularán los desvíos de la meta, en forma justificada y transitoria, lo que permitirá contar con un plan transparente de la senda para retomar los niveles de posición financiera prestablecidos.

3. Profundizar la transparencia de la normativa fiscal, un aspecto fundamental para que ésta tenga efectos positivos en la economía, a partir de nuevas exigencias en cuanto a la frecuencia y el detalle de publicación de metas y avances.

De esta manera, las modificaciones apuntan a entregar nuevos mecanismos de control de la deuda, mayores niveles de flexibilidad y de transparencia de a la regla fiscal.