Aumento de la evasión, alza progresiva de costos para el Estado y la confusión de los usuarios ante un modelo mixto de pasajes entre prepago y monedas, serían los principales efectos que traería para la ciudad de Antofagasta la licitación de buses eléctricos que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo en esa ciudad, según reclaman actuales operadores de microbuses de la zona.

El reclamo forma la parte de la denuncia oficial que los transportistas antofagastinos interpusieron ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que esa entidad paralice el proceso y revise las condiciones de competitividad con que se realiza el concurso público. Según los microbuseros “atenta contra la libre competencia al ofrecer un plazo ‘ridículo’ para estudiar ofertas e implica un cambio a la fuerza en las reglas del juego a tan solo meses de iniciado el último proceso de asignación de recorridos”.

En la práctica, el reclamo de las 13 empresas microbuseras -que agrupa a la totalidad de las más de 500 pymes propietarias de los 700 vehículos de pasajeros presentes en esa capital regional- se oponen a la licitación de un 14º recorrido, que operaría en el corredor más demandado de la ciudad, y que está siendo licitado bajo el modelo RED (exTransantiago) y que implica la irrupción de unos 50 vehículos eléctricos y recaudación vía tarjeta Bip!.

Según informó la cartera de Transportes en junio pasado, el nuevo servicio operará entre el sector de La Chimba Alto y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, pasando por el centro de la ciudad, en un trazado de 20 kilómetros. Los buses tendrían una capacidad para 40 personas y 21 asientos.

Entre sus prestaciones destacan aire acondicionado, puertos USB, Wifi, autonomía mínima de 170 km., sistema GPS, recaudo electrónico y contadores de pasajeros. A ello se añade la construcción de un Centro de Carga ubicado en la zona norte de la capital regional.

Sin embargo, la presentación de los operadores locales ante la Fiscalía Nacional Económica afirma que el Estado concedió un plazo de 45 días para estudiar, evaluar y negociar los créditos para acceder a la licitación, cuestión que “solo beneficia a los grandes operadores de Transantiago al contar con la experiencia operativa, las espaldas económicas y las economías de escala para ofertar subsidios bajos que luego terminan en una suerte de ‘secuestro’ del modelo y exigiendio más recursos públicos cada vez, tal como ocurrió en Santiago”, según explicó el dirigente Fernando Castillo, presidente de E-Trant, una de las dos federaciones denunciantes.

A ello añaden que el nuevo proceso de licitación apuntaría a incluir “a la fuerza” al nuevo operador sin contar con un aumento de demanda efectivo o algún argumento razonable que demande la entrada de otro operador, pues la tasa de ocupación actual no supera el 50% de la capacidad de sus máquinas.

La presentación es patrocinada por el abogado Jorge Ibarra, el mismo jurista que en 2018 logró paralizar la licitación de recorridos del Transantiago aludiendo vicios de concentración de capital y posición dominante del mercado de las firmas transportistas que se habían adjudicado la operación de RED. En esa ocasión, la entonces entrante ministra de Transportes Gloria Hutt decidió declarar nulo el proceso de licitación, alargando en más de cuatro años (hasta 2022) la readjudicación del nuevo sistema en la capital.

Según Ibarra “estamos esperando que la Fiscalía Nacional Económica intervenga en favor de los pequeños empresarios del transporte, pues el ingreso de un nuevo operador en medio de un proceso no competitivo, no solo pone en riesgo la subsistencia de mis representados, sino que además alienta la coexistencia de dos modelos de servicio, confundirá a los usuarios, alentará la evasión y afectará la regulación del tránsito en Antofagasta”.

Para Héctor Carvallo, presidente de Adutax, entidad que también suscribió la denuncia a la FNE, “no hay antecedentes de por qué el Ministerio de Transportes supuso que los operadores locales no podrían también ofrecer su servicio con buses eléctricos. Hemos cumplido con todas las condiciones para ofrecer un excelente servicio, pero hoy, a solo cinco meses de suscribir contratos, el Estado nos cambia las reglas del juego, crea condiciones inalcanzables y abre la puerta a los grandes consorcios del Transantiago, con un costo para Estado ya se encuentra por sobre los US$ 1.000 millones al año, solo en Santiago”.

AgenciaUno/Javier García-Síntesis Chile