A partir del 18 de octubre de 2019, cientos de niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, y, transcurridos dos años desde aquello, muy pocos han conocido avances en sus casos. Esa es la premisa, basada en datos propios y de organismos como el Ministerio Público, con que la Defensoría de la Niñez

realiza un completo reporte sobre dicha situación, llamado “Informe Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social”, presentado hoy por Patricia Muñoz, quien lidera la institución.

“La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos no es algo que sólo afecte profundamente sus vidas en particular, es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir. Por eso, como Defensoría de la Niñez hemos querido, una vez más, relevar la situación de los más de mil niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el contexto del estallido social y denunciar el abandono y desprotección por parte del Estado en que aún se encuentran”, dice la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

A través de cuatro capítulos, el Informe repasa la caracterización de niños, niñas y adolescentes víctimas; describe los procesos de Verdad, Justicia y Reparación como obligación del Estado y un derecho de las víctimas, incluyendo la propuesta para una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para, luego, exhibir el estado de avance del seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez en el contexto estallido social, incluyendo testimonios de adolescentes víctimas y, finalmente, realizar nuevas recomendaciones a los poderes y órganos del Estado para garantizar a las víctimas acceso a la justicia a través de la obtención de Verdad, Justicia y

Reparación.

Respecto de la caracterización, el Informe da cuenta de un total de 1.314 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de delitos que involucran violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social, entre el 18 de octubre de 2019 y hasta el 5 de marzo de 2020, según los datos proporcionados por el Ministerio Público. De ellos y ellas, un 83,2% tenía entre 14 y 17 años en el momento de los hechos, y Carabineros de Chile resulta ser la

institución con la mayor cantidad de delitos denunciados, con un 83% de los casos. Los delitos más recurrentes son los de apremios ilegítimos (72%), abusos contra particulares (17%) y torturas y trato degradante hacia niños, niñas y adolescentes (5%). En el caso del delito de lesiones, 35 niños, niñas o adolescentes figuran como víctimas de trauma ocular.

De esos casos antes descritos, el Informe de la Defensoría de la Niñez señala que se identifican mínimos avances respecto al estado procesal de las causas: a octubre de 2021, el 61% de estas causas se encuentran terminadas. De las causas terminadas, solo un 1,3% ha tenido una salida judicial. El principal tipo de término ha sido el “Archivo Provisional”, con un 49% respecto al total de causas. Sólo una causa ha terminado con sentencia definitiva condenatoria. El 1% del total de causas cuentan con formalización de cargos en contra de algún agente del Estado, a

quien se le atribuye la comisión del delito. El 5% de las causas tiene algún(a) imputado(a) conocido(a).

En cuanto al seguimiento de las recomendaciones realizadas en el contexto de estallido social, la Defensoría de la Niñez se concentró en cinco temáticas: acceso a la información, actuar policial, procedimiento de las detenciones, el acceso a la verdad y justicia y reparación a las víctimas. El Informe da cuenta que en ninguno de los ámbitos las recomendaciones se encuentran totalmente cumplidas, siendo el porcentaje más alto de cumplimiento apenas de un 33%.

Es por lo anterior que la Defensoría de la Niñez vuelve a insistir en entregar recomendaciones al Estado, basadas en los estándares internacionales de derechos humanos, para que éste cumpla con su obligación de asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Entre ellas, también concentradas en las temáticas antes descritas, destaca una propuesta para crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación.

“Se recomienda que el Presidente de la República disponga, mediante Decreto Supremo, el establecimiento de una Comisión de Verdad, para el esclarecimiento total de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis social (…) Se recomienda que todos los poderes y órganos del Estado, colaboren efectiva y pportunamente para que la Comisión de Verdad pueda cumplir con su mandato”, se puede leer en el Informe entregado por la Defensoría de la Niñez.