De acuerdo con la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) las mujeres en situación de discapacidad se encuentran mucho más expuesta a vivir violencia, debido a la situación de desigualdad que viven dentro de un hogar o en entornos similares, sosteniendo que cerca del 80% de estas mujeres se encuentran bajo la condición de víctima de violencia intrafamiliar y que tienen un riesgo cuatro veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir agresiones sexuales.

En este contexto, a finales del período 2020 se firmó un convenio que tenía por finalidad promover derechos humanos de las mujeres con discapacidad para así profundizar y fortalecer el trabajo que ha venido realizando el Estado en miras de lograr que ninguna mujer en Chile se sienta sola, sobre lo anterior, la Ministra de la Mujeres y la Equidad de Género sostuvo “indudablemente y con dolor lo digo, tenemos casi 1.700.000 mujeres adultas en nuestro país que se ven enfrentadas a una doble vulnerabilidad por el hecho de ser mujer y porque además viven con algún tipo de discapacidad(…)”.

Es por este motivo que la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, presentó –recientemente- un oficio al Ministerio de la Mujer, al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), con el fin de conocer cómo se está desarrollando la implementación de políticas y leyes para proteger a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y que encuentran bajo un contexto de violencia intrafamiliar.

“Solicitamos a las autoridades que nos entreguen de manera oportuna y en el corto plazo el número de mujeres en situación de discapacidad en nuestro país y cuántas de estas se encuentran sufriendo algún nivel de violencia intrafamiliar. Además, pedimos conocer cuántas de este grupo de personas acceden anualmente (desglosado por regiones) a los canales de atención diseñados por el Ministerio y el SernamEG”, explicó la legisladora.

En esta misma línea, la congresista por la Región de Valparaíso requirió más antecedentes sobre la manera en la que el convenio antes mencionado ha fortalecido el rol del Estado en contra de la violencia de género sobre estas mujeres en situación de discapacidad; y cuáles han sido las conclusiones y proposiciones de las diferentes mesas de trabajo lideradas por las autoridades interpeladas en temas relacionadas con la violencia de género.

“Otra de las consecuencias catastróficas que ha tenido la pandemia en nuestro país, además de las muertes y los efectos económicos, ha sido el aumento de la violencia en los hogares, siendo en este caso las mujeres en situación de discapacidad doblemente vulneradas, primero por tener discapacidad y segundo por su género. De igual forma, lamentablemente también las posibilidades de ser víctima de abuso son tres veces mayores que mujeres que no tienen esta condición (que puede afectar su salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otra)”, puntualizó la parlamentaria.