El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió hoy, presencial y telemáticamente, con distintos actores del mundo académico, científico, municipal y parlamentario para analizar el cambio al Plan Regular Metropolitano de Santiago (PRMS), en relación a la Falla de San Ramón, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados y generar zonas de resguardo y restricciones en esta larga franja del sector oriente de la capital.

La Falla de San Ramón es una falla geológica activa del tipo inversa (que produce deslizamiento vertical), de cerca de 50 km de extensión, que atraviesa de norte a sur las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto (recientemente se estima que podría extenderse también a Lo Barnechea y Pirque) siguiendo el pie de cerro de la Sierra de Ramón, a la que debe su nombre. Su estructura limita el valle de la ciudad de Santiago con el pie de monte y frente cordillerano.

En octubre pasado, un informe de Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados reafirmó lo que ya la ciencia venía señalando: que la falla se encuentra “activa”, y que podría generar un terremoto de hasta 7,5 grados que afectaría a los millones de personas que viven en el lugar. Se estima que más del 55% de la zona de la falla de San Ramón y sus alrededores se encuentra ya construida, incluyendo obras de infraestructura crítica como colegios, hospitales, aeródromos y plantas de energía.

El gobernador Orrego indicó que “llegó el momento de la acción. La evidencia científica está sobre la mesa desde hace varios años y se ha venido perfeccionando. La falla de San Ramón tiene casi 50 km de largo, 300 metros de ancho y, lo más importante, está activa. Eso implica un riesgo para la vida de los santiaguinos y santiaguinas… Este es un momento histórico: municipios, mundo científico, academia, parlamentarios y autoridades regionales democráticamente elegidas hemos decidido enfrentar un fenómeno que hoy amenaza con afectar la calidad de vida de los capitalinos”.

Por ello, la autoridad metropolitana envió un oficio al seremi de Vivienda RM, Manuel José Errázuriz, donde le pide “dictación de resolución de inicio para la elaboración de antecedentes y estudios necesarios conducentes a la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, esto en materia del análisis e inclusión de la falla de San Ramón como un área de riesgo normada por dicho instrumento y que permita la inclusión de esta materia en los respectivos Planes Reguladores Comunales de las comunas involucradas”.

Además, le solicita al seremi en el documento indicar si se ejecutará un proyecto de diagnóstico de $248 millones, aprobado y financiado por el Consejo Regional RM hace cinco años, en noviembre de 2016, que buscaba hacer cambios en el principal instrumento de ordenamiento territorial, el PRMS, y del poco y nada se ha sabido en estos años.

Uno de los presentes, Gabriel Easton, profesor de Geología de la Universidad de Chile, señaló que esperaba que esta conjunción de intereses diera inicio por fin a la modificación del PRMS. “Esto es producto de la investigación que hemos realizado desde hace 20 años un sinnúmero de científicos y científicas, y que ha sido recogido por nuestras autoridades. Esperamos que finalmente se plasme en modificaciones a un instrumento tan relevante como es el PRSM, y avanzar en la reducción del riesgo de desastres para hacer de esta una ciudad más sostenible”.

La alcaldesa Carolina Leitao, por otra parte, señaló que “es un tema de preocupación permanente para todos los municipios que estamos en el pie de monte de la precordillera. Muchos vecinos nos preguntan por qué los municipios no hacemos algo por esto, y es porque es imposible poder generar una normativa local en un tema que es mucho más amplio. Ahora lo que viene es un proceso normativo para poder nosotros aplicar dicha normativa en nuestros planes reguladores comunales”.

Finalmente, el diputado Tomás Hirsch, presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara sobre la Falla de San Ramón, indicó que “la Falla de San Ramón representa un peligro para los miles de personas que viven en las inmediaciones de la misma. De familias que se han endeudado y comprado una vivienda, o la misma infraestructura pública que está emplazada en el lugar, como hospitales, colegios, universidades e incluso el Aeródromo de Tobalaba… Las conclusiones a las que hemos llegado es que acá ha habido negligencia del Estado por demasiados años, conociendo la información entregada por académicos y científicos, no se ha actuado con la urgencia que corresponde”.