Este viernes, la Contraloría General de la República comunicó que la Ministra Karla Rubilar cometió una “infracción a la probidad” por mal uso de un chat institucional para favorecer la campaña a las elecciones parlamentarias de su pareja, Christian Pino.

El mes pasado, Rubilar fue cuestionada luego de un reportaje de T13 donde funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social denuncian que dejaron sus labores para centrarse en la campaña comunicacional del periodista, quien compite por un cupo en la Cámara de Diputados. Asimismo, se develaron conversaciones a través de WhatsApp que reforzaban esta versión.

En consecuencia, la secretaria de Estado fue denunciada ante la Contraloría para que se determinara si hubo un eventual uso de recursos del Estado para favorecer la campaña de Pino.

Según el dictamen del órgano de control fiscal, “en dichas conversaciones se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”.

“Si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”, se añade en el informe.

Julio Salas, abogado y candidato a diputado por el Distrito 8, quien presentó junto a su compañera de lista, Rocío Faúndez, el requerimiento, manifestó que le “alegra que la Contraloría se haya pronunciado, ya que ella tuvo faltas a la probidad, y utilizó recursos fiscales, estos pueden ser físicos, pero también incluye el tiempo de los trabajadores pagados por el Estado. Esto no está permitido y es importante que se hagan valer las responsabilidades políticas, en este tipo de casos”.

La Contraloría envió los antecedentes a la Cámara de Diputados para que se determine si se abre una investigación por las irregularidades detectadas.