Crear un registro nacional de evaluadores ambientales de proyectos, que dé más transparencia al sistema a través del Ministerio de Medio Ambiente, propuso el diputado de Los Ríos Bernardo Berger.

La iniciativa ingresó esta semana a tramitación en el Congreso y, en lo medular, pretende mejorar el sistema de control que el Estado ejerce sobre estudios de impacto ambiental y quienes los elaboran, de forma tal de dotar al sistema de una mayor pertinencia, eficiencia y eficacia.

“Pero por sobre todo, busca mejorar la transparencia e idoneidad de los estudios y de quienes están detrás de ellos, para perseguir el fin último de que la intervención humana sea coherente con el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente”, señaló el legislador.

Berger explicó que el actual problema es que la ejecución de los estudios pertinentes para ser sometidos a evaluación ambiental, así como la contratación de quienes los harán, queda a criterio absoluto del mandante y/o titular de un proyecto respectivo.

Al no existir regulación, “se abre una brecha peligrosa para eventuales manipulaciones de contenidos, con el serio riesgo de que al final del proceso se obtenga una evaluación poco objetiva y carente de la precisión suficiente para determinar el verdadero impacto ambiental de la actividad a desarrollar”.

De ahí que el proyecto de ley propone homologar lo que ya varios años existe en otras carteras como Obras Públicas y Vivienda, que poseen “registros actualizados de consultores, contratistas y otros, cuya pertinencia e idoneidad ha sido verificada y evaluada por la cartera respectiva, a fin de asegurar pisos mínimos, en la forma y en el fondo, que garanticen idoneidad e imparcialidad en las materias que abordan”.

“Ese mismo mecanismo de registro nacional bien podría implementarse en lo referido a la elaboración de estudios ambientales asociados a proyectos de inversión –tanto públicos y privados- que deben ser sometidos luego al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. Ello permitirá dotar a este tipo de estudios, de mayor transparencia e imparcialidad respecto de quienes los contratan, poniendo de esa forma el acento en el cuidado y protección ambiental que el Estado de Chile debe cautelar y garantizar a la ciudadanía”, señaló Berger.