Luego de reunirse con representantes de todas las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de la provincia de San Felipe, para tomar conocimiento de la situación que están viviendo a raíz de que alrededor de un 35% de dicha población tiene altas deudas por concepto de cuentas de servicios básicos, la diputada Carolina Marzán, ofició a los ministros Rodrigo Cerda, Karla Rubilar, Juan Carlos Jobet y Alfredo Moreno, para solicitar el diseño de un subsidio destinado para el pago total de las deudas, cuyos beneficiarios sean familias pertenecientes al 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), o bien, hayan visto disminuido sus ingresos desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Fui convocada por dirigentes de organizaciones comunitarias de la Provincia de San Felipe de Aconcagua y me manifestaron la compleja situación de endeudamiento por consumo de servicios básicos, en que se encuentra gran cantidad de habitantes de este sector del país, quienes están profundamente afectados por la crisis económica generada por la pandemia. Frente a esto, desde el parlamento aprobamos la ley 21.249, que impide a empresas proveedoras cortar los suministros por mora, pero la deuda sigue existiendo y el plazo que manifiesta la ley vence el próximo 31 de diciembre. Entonces, una gran cantidad de familias que han acumulado deudas, en muchos casos imposibles de pagar, experimentarán cortes de suministros”, expresó la diputada Carolina Marzán.

La legisladora agregó: “por ello, solicité que el Estado tome un rol activo e involucre a los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Obras Públicas, Energía y Hacienda, para el diseño de un plan que haga frente a esta situación, mediante un subsidio especial destinado al pago total o parcial de las deudas de servicios básicos, de las familias más vulnerables o quienes hayan visto disminuido sus ingresos desde el inicio de la emergencia sanitaria”.

El oficio despachado por la parlamentaria del distrito 6, señala que existe un promedio de deuda por hogar de entre 600 mil y 800 mil pesos, considerando los servicios básicos de agua suministrados por la empresa sanitaria ESVAL S.A., y de energía eléctrica de la empresa Chilquinta S.A. y habla de subsidio especial para el pago total o parcial de la deuda, considerando la existencia de casos que necesitan más ayuda que otros, proponiendo gradualidad en la ayuda entregada a los beneficiarios.

Ruth Delgado, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Felipe señaló que junto a todos los presidentes de las Uncos de la provincia de San Felipe, se reunieron con la diputada para solicitarle ayuda, luego de haberse reunido con las empresas y no conseguir una acogida positiva frente a la condonación de las deudas y aclaró que: “esta deuda se ha venido acumulando por todo el tiempo de pandemia, ya que hay muchas familias que son vulnerables, familias que tenían un estatus social estable quedaron sin trabajo, también se les ha hecho muy difícil pagar su deuda. Para nosotros es primordial que haya este subsidio para todas las personas que estamos en deuda con luz y agua”.

“Ya aquí hay familias que deben 800 mil pesos y más. Hemos hecho un catastro y es demasiado, pensábamos que era poco pero no, son como un 35 por ciento de las familias de toda la provincia de San Felipe, estamos hablando en general, 35, 40 por ciento. Por ejemplo, de una población que tiene 460 casas, 200 tienen deuda”, dijo la dirigenta vecinal.