Conscientes de la urgente necesidad de modificar el marco regulatorio del mercado del gas licuado tras comprobarse una serie de irregularidades, los diputados DC, Miguel Ángel Calisto y Gabriel Silber, presentaron un proyecto de ley que recoge las recomendaciones planteadas por la Fiscalía Nacional Económica, estableciendo la prohibición de la participación en el mercado minorista de las tres grandes empresas del rubro.

El proyecto establece que “la prohibición total para que cualquier distribuidor mayorista de Gas Licuado de Petróleo realice funciones de distribuidor minorista de Gas Licuado de Petróleo. Ningún distribuidor mayorista podrá tener, por sí o mediante empresas de su mismo grupo empresarial o personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, participación en la propiedad de un distribuidor minorista”.

El diputado Gabriel Silber indicó que “ante la respuesta de la Contraloría, que pone una cortapisa al avance de las iniciativas municipales en esta materia, nosotros quisimos recoger las propuestas técnicas planteadas por la Fiscalía Nacional Económica en su informe, y esto es que los cerca de 5600 distribuidores minoristas puedan vender de manera directa, sin intermediación”.

“La fiscalía habla que hay cuotas que se reparten geográficamente las grandes empresas del gas, lo que no permite la competencia entre ellas, porque tienen concentrada la distribución. Esto genera un sobreprecio anual de 180 millones de dólares en la venta de gas licuado. Este proyecto de ley va a permitir lo que exige la FNE, que es dividir los grandes distribuidores de los minoristas”.

Según el diputado Calisto, quien es presidió la comisión investigadora por la posible colusión en este mercado, “esta iniciativa va en la línea de una necesidad que tenemos en Chile de bajar los precios del gas. Creo que acá tenemos uno de los valores más caros de Latinoamérica, y eso se debe cambiar. Nosotros como comisión investigadora tenemos la convicción que existen elementos para determinar que hay colusión entre las tres principales empresas de gas”.

“Hay que abrir el mercado, permitir que nuevas empresas entren a la distribución. Acá hay un rol que podría cumplir ENAP, porque podría tener centros de distribución en todo el país para que otras empresas operen, y también por su puesto los municipios. Estos proyectos de ley van en la línea de ajustar lo que hoy ha dicho la contraloría, que de manera muy clara ha señalado que los municipios no pueden participar, porque existen cláusulas en la actual legislación que así lo establecen”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto señaló que “hay que eliminar la exclusividad del uso de los cilindros, que es uno de los grandes cuellos de botella que tienen los municipios para poder funcionar. El Estado debe cumplir un rol regulador en el mercado del gas. No es posible que un cilindro que antes de la pandemia costaba 16 o 17 mil pesos, ahora salga 26 mil en la zona central, y entre 35 y 38 mil en las zonas extremas. Esto demuestra que es un mercado que no está regulado y hemos dejado que los privados ejerzan un rol en un elemento que es de primera necesidad”.