“Esta noticia nos provoca la mayor indignación; no puede ser que en pleno año 2021, en un país que se enorgullece de pertenecer a la OCDE, con presidentes que se sacan fotos en la Casa Blanca y siguen ansiosos por tener cierto liderazgo mundial, tengamos a mujeres ambientalistas encontradas muertas con pies y manos atadas”, manifestó el senador Alejandro Navarro.

De acuerdo al presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, “lo que ocurrió con Javiera Rojas, lideresa de la Agrupación Ecológica El Durazno, quienes gracias a la fuerza social y de la comunidad lograron parar la instalación del dañino embalse La Tranca en la Región de Coquimbo, es como el guion de una película de sicarios”.

“Pues encontraron su cuerpo atado de pies y manos, con heridas, en una casa abandonada y semidestruida”, explicó el parlamentario.

Para Navarro, “lo ocurrido aquí no puede quedar en la impunidad. Debe existir un Fiscal de dedicación exclusiva para este caso, de forma de que se investigue y dilucide si esta muerte que a todas luces indica un asesinato, tiene que ver con su activismo medioambiental y ecológico”.

“Ya que cada vez que un proyecto millonario es frenado por la comunidad organizada, quedan heridos entre los accionistas, entre quienes pierden dinero apostando por obras contaminantes que no se logran concretar o que se cierran antes de tiempo, como las termoeléctricas, hidroeléctricas como las de Aysén, o embalses como el que se pretendía llevar a cabo en el Valle Cogotí en Coquimbo”, recordó.

El senador por la región del Biobío añadió que, “durante el 2020, fueron 227 las y los ambientalistas asesinados en el mundo de acuerdo a la organización de derechos humanos, Global Witness. Entre ellos, 65 ocurrieron en Colombia, 30 en México, 29 en Filipinas, 15 en el Congo, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 6 en Perú y 4 en India”.

“Además”, continuó, “y según el mismo reporte, la mayoría de los activistas ambientales estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y del desarrollo industrial y casi el 30% de los ataques estuvo relacionado con la explotación de recursos, tanto forestal como minera y la agroindustria a gran escala, así como represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructuras”.

“Por lo que la muerte de Javiera debe ser investigada a profundidad por un Fiscal Especial; le hemos pedido al Fiscal Nacional Jorge Abbott que así se dictamine, ya que no puede ocurrir que ante la crisis del cambio climático, mientras la gente sale a luchar y proteger el medioambiente, sean asesinados por quienes no quieren perder sus privilegios”, sentenció el presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado.