La Sala de la Cámara aprobó por 70 votos a favor, 49 en contra y 3 la tercera solicitud del Presidente de la República para prolongar el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) para cuatro provincias de la macrozona sur de Chile.

El primer estado de excepción fue decretado a mediados de octubre de este año. Tras esto, el Congreso ha debido pronunciarse en dos ocasiones previas frente a la solicitud del Ejecutivo de extenderlo.

La medida afecta a las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, junto a Cautín y Malleco, en la de La Araucanía. Su justificación radica en la grave alteración del orden público, por el aumento de actos de violencia vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Tercera prórroga

Para esta nueva prórroga, el documento destaca la consulta ciudadana realizada entre el 5 y el 7 de noviembre. La medición estuvo organizada por el gobernador regional, Luciano Rivas, y los alcaldes de 32 comunas agrupadas en la Asociación de Municipalidades de La Araucanía. En ella, un 81,56% de las más de 144 mil personas que participaron respaldaron la mantención del estado de emergencia en La Araucanía.

También se señala que el EECE ha permitido la colaboración de las fuerzas armadas con las policías en los puntos de control. Esto ha facilitado la fiscalización marítima y patrullajes mixtos, junto a vigilancia aérea con helicópteros y aviones.

La solicitud planeta que, si bien los hechos de violencia han disminuido, no han desaparecido. Describe la detención de un hombre por presunto porte de armamento y municiones de gran calibre y dos atentados incendiarios en Toltén y en Carahue. Ambos hechos acontecidos a fines de noviembre.

Finalmente, pone en alerta que comienza la temporada de riesgo de incendios forestales. Argumenta que las brigadas de Bomberos y la Conaf han sido blancos de intimidaciones o atentados, por lo que sería necesario garantizar su resguardo.

Debate

En el debate participaron los diputados de RN Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Luis Pardo, Harry Jürgensen y Bernardo Berger. Además, intervinieron los diputados Ignacio Urrutia (PREP), Ricardo Celis (PPD), Jorge Brito (RD), Miguel Crispi (RD), junto a la diputada Emilia Nuyado (PS).

Los representantes de RN manifestaron su respaldo a la solicitud del Gobierno. Aseguraron que ha permitido evitar nuevos atentados y mejorar la detención de personas involucradas en hechos de violencia.

De acuerdo a cifras entregadas en el debate, en la zona existían 5,5 hechos de violencia diarios, lo que se redujo en un 40%. Así, también, habría bajado en un 70% la usurpación de terrenos y aumentado a incautación de armas y drogas.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aclaró que las críticas que originalmente tuvo esta política no fueron correctas. Aseguró que la violencia bajó sin recortar las libertades civiles, más allá de un aumento de controles.

Señaló, además, que se evalúa un mecanismo para poder implementar este estado por un tiempo más prolongado. Esto, iría de la mano de nuevas políticas para resguardar a la comunidad. Entre ellos se encuentra el Plan Cosecha Segura, “que favorece a quienes necesitan trabajar”, puntualizó.

Los diputados que se manifestaron en contra señalaron que esta medida es el “fracaso de la política indígena de este Gobierno”. Aseguraron que esta administración no tiene la voluntad de avanzar en solucionar los problemas del Estado con los pueblos de La Araucanía.

Asimismo, criticaron que no existan acciones complementarias ni medidas para resolver la deuda con los pueblos mapuches despojados de sus tierras.