Un total de 412 exalumnos de la Universidad del Pacífico afectados por la quiebra y posterior cierre de la casa de estudios, buscan ser indemnizados por un total de $61.800.000.000 por falta de prestación de servicios, incumplimiento de contrato y por los perjuicios ocasionados.

Así quedó establecido tras la rectificación en los montos de la demanda interpuesta por la abogada Daniela Awad el pasado 3 de diciembre ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, en representación del total de jóvenes.

La causa en cuestión, según explica la abogada, “se inició el 7 de diciembre de 2018 con la toma de los estudiantes ocurrida producto del retraso en los pagos de honorarios a los profesores que derivó en el cese de la prestación de servicios por parte de varios docentes, lo que detonó en la no facilitación de la entrega de los documentos para que los alumnos pudieran optar al cambio de universidad, debido al cierre de la misma”.

En esa oportunidad, la demanda representaba a 378 estudiantes por un total de $56.700.000.000, a la que se adhirieron 34 universitarios más, sumando hoy un total de 412 estudiantes, lo que eleva el monto a $61.800.000.000.

“Nuestra demanda se presenta para buscar la reparación de los daños causados a los más perjudicados, dejándolos con sus carreras a medias o perdidas totalmente, causándoles –además- graves daños psicológicos. Esto, debido a que el incumplimiento de las prestaciones del contrato no solo llevó a que se les perjudicara monetariamente, sino que en cuanto al ámbito de su vida personal y sicológicamente, lo que constituyen hechos gravísimos”, explica la abogada.

Paralelamente, agrega Awad “en mayo de este año, presenté una querella contra los dueños de la universidad Pablo Ortúzar y Julio Ortúzar, y contra el representante legal de Stándar SpA Juan Carlos Olcay –quien adquirió el inmueble de la sede de Las Condes- por delitos concursales, investigación penal que está en curso y en manos del fiscal José Ignacio Reyes”.

Ahora, en materia civil, se espera que una vez notificados los demandados, éstos respondan a los hechos que se les atribuye para que luego el tribunal pueda citar a una audiencia de conciliación, y en caso de no llegar a acuerdo entre las partes, avanzar hasta el desarrollo del juicio.

Mientras que en sede penal, la causa están en plena indagatoria y en caso que la fiscalía estime que los hechos que sustentan la querella, constituyen delito, la causa sea formalizada y se dicten las medidas cautelares correspondientes.

“Esperamos que se haga justicia respecto a las víctimas, quienes vieron sus sueños truncados al quedar desamparados por no poder continuar sus estudios como ellos lo habrían deseado”, puntualizó Daniela Awad.