La Comisión de Hacienda votó en general el mensaje que reduce o elimina exenciones tributarias. La iniciativa es complementaria al proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se despachó desde la Cámara al Senado, dado que contempla parte de su financiamiento.

La presente propuesta contó con 8 votos a favor y 4 abstenciones. Estas últimas, a la espera de negociaciones y acuerdos que permitan acercar posturas entre el Gobierno y la oposición respecto a un financiamiento más permanente para la PGU.

Lo anterior, se efectúa teniendo como foco la votación en particular de la iniciativa, fijada para este miércoles a las 15 horas. En todo caso, ya se han anunciado varias indicaciones, las cuales tienen hasta el mediodía para ser presentadas.

Cabe recordar que la reducción o eliminación de las exenciones tributarias contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35% del PIB. Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que considera dineros equivalentes al 0,95% del PIB. Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4.2 billones al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.

Luego de la exposición de varios invitados, surgieron varios puntos en el debate. Uno de ellos apuntó a cómo excluir de la eliminación de la exención tributaria a las viviendas sociales, tema que tuvo un respaldo transversal y que, al parecer, será acogido por el Gobierno.

También se aclaró que las personas que reciben pensiones de reparación serán consideradas en la PGU. Es decir, no cambia la situación del actual pilar solidario, sino que se complementará la diferencia hasta llegar a los 185 mil pesos.

Además, se reiteró, por parte de diputados de oposición, que debe existir financiamiento permanente para gastos permanentes. Por ello, optaron por abstenerse hasta llegar a un acuerdo.

En tanto, legisladores del oficialismo insistieron que el proyecto está financiado. Asimismo, recordaron que leyes anteriores, como la de gratuidad, se financiaron en forma gradual.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, consideró que la discusión tiene 2 aristas: una política y una técnica. Remarcó, en tal plano, que están dispuestos a trabajar y conversar.

Reiteró el detalle del financiamiento, haciendo hincapié que las exenciones son una parte de este, junto a recursos provistos en la Ley de Presupuestos y en el programa financiero de 2022.

Agregó que, de aquí al término del próximo Gobierno, habrá un déficit fiscal en el balance estructural que irá bajando de 3,9 puntos del PIB a 0,9, en 2025.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo que está comprobado que el proyecto está financiado, pero que la diferencia es si les gusta o no la forma. También recordó el tema de la gratuidad que se financió con glosas sucesivas.

Por otra parte, descartó que ocupar determinados fondos sea una desventaja para el próximo gobierno que se vería privado de esos recursos. “Eso no es así”, señaló, porque también estamos poniendo recursos en la próxima implementación de la pensión de 250 mil pesos que se ha propuesto.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, enfatizó que como servicio tienen las capacidades humanas, legales y tecnológicas para la recaudación que propone el proyecto de ley. Pero destacó que, para ingresos que no son rentas, se requerirá más información.

Es el caso de las transacciones de instrumentos con presencia bursátil, costos de adquisición y valores de los activos. Igualmente en lo relativo al pago de siniestros de seguros de vida por beneficiario y la renta por arrendamiento de bienes raíces.

Barraza indicó que, de acuerdo a lo ocurrido con otras leyes, se establecen supuestos conservadores en las estimaciones. Pero puede ocurrir que se recaude más, dependiendo de la correcta implementación y eventuales cambios de comportamiento. Agregó que, en el caso de la Ley de modernización tributaria se logró mucho más de lo esperado.

Por su parte, Antonio Errázuriz, de la Cámara Chilena de la Construcción, recalcó que la eliminación del crédito especial de IVA en empresas constructoras tendrá un impacto en el déficit de viviendas, ya que aumentará su precio.

Claudio Nitsche complementó el punto diciendo que dicho impacto afectará a las personas más vulnerables, emergente y de clase media. Esto, ya que que ellos acceden a la vivienda mediante subsidio habitacional, por exención de pago de IVA al comprar una vivienda o por el crédito especial, que subsidia indirectamente al comprador.

En tal contexto, proponen reemplazar el crédito especial por una ayuda directa a las personas y, para quienes adquieren una vivienda con crédito hipotecario, dar una garantía estatal al pie para una primera vivienda.

En la sesión, también expusieron Mario Gacitúa, de la Asociación de Aseguradoras de Chile; Fernando Martínez, de la agrupación de exonerados políticos; y Neylan Valdivia, de las Pymes de reparación habitacional.