Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del senado han analizado con la cartera del ramo y de Hacienda, el Consejo Consultivo Previsional, el superintendente de Pensiones y el Instituto de Previsión Social, el articulado y el impacto fiscal del proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), que se votaría el próximo lunes.

El 17 de enero los legisladores discutirán con el Ejecutivo algunos planteamientos que apuntan a mejorar el contenido.

La idea es consensuar algunos conceptos relacionados con parámetros de afluencia, los efectos en las rentas de invalidez y particularmente, la necesidad de generar una herramienta simple aplicable a todos los beneficiados determinados por la norma.

Cabe recordar que el proyecto de Pensión Garantizada Universal:

– Sustituye al Pensión Básica Solidaria.

– No genera impuestos porque la financia el Estado.

– Corresponde a un monto de 185 mil pesos por beneficiario.

– La administración de dicha pensión estará en manos del Instituto de Previsión Social (IPS) (ex INP) y se reajustará de acuerdo al IPC.

– Los beneficiarios deberán tener 65 años, pueden ser pensionados o trabajadores activos, y no deben integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de ese sector. Se estima que 2,4 millones de personas recibirían la PGU.

– Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a 630 mil pesos y de hasta un millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.