Tras los graves accidentes de tránsito registrados en el último periodo en la capital, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, pidió al Congreso aprobar con urgencia la iniciativa Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI), que busca implementar una herramienta para fiscalizar el exceso de velocidad.

En ese contexto, la máxima autoridad regional, fue invitada por la Cámara Alta a profundizar y exponer los alcances en el marco de la tramitación del proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional.

Actualmente, en Chile, la fiscalización de la velocidad se realiza exclusivamente con capital humano, Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales. Así se logra detectar sólo 3 mil de las 10 mil infracciones de tránsito relacionadas con velocidad. La velocidad excesiva es el principal problema de seguridad vial en muchos países. Por ello, las políticas de gestión de velocidad tendientes a detectar la infracción a los límites establecidos, se han convertido en materia de alta prioridad para los gobiernos.

“Tenemos normas de tránsito, tenemos infraestructura, pero en materia de fiscalización estamos mal. Hay una sobredemanda de los actores; los equipos municipales, inspectores y Carabineros están colapsados. Entonces no hay capacidad fiscalizadora, porque hay una sobredemanda. La pregunta es cómo fiscalizamos las buenas normas que tenemos, y hemos consensuado con nuestro Consejo Asesor y la Mesa Santiago Pedaleable y Caminable, que la ley CATI si bien no es una bala de plata, porque no va a resolver todos los problemas, sí es una herramienta fundamental para lograrlo”, afirmó el Gobernador Regional Metropolitano.

Además, en su intervención, el Gobernador agregó que “Como Gobierno Regional hemos estado desarrollando una política regional de movilidad en permanente contacto con organizaciones y sociedad civil, por lo que en esto represento a distintos actores de la región que clamamos porque este proyecto de ley nos ayude con su implementación en hacer realidad aquello que de alguna manera se generó como esperanza con los cambios normativos en materia de velocidad. Creemos que la vida en materia vial debe siempre ser una apuesta a muerte cero, tanto de ciclistas como de peatones y de todos y todas. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a educar y también a modificar conductas”, concluyó.

El proyecto de ley busca tipificar la conducción temeraria con penas de prisión en su grado máximo (41 – 60 días) o multas de 2 a 10 UTM, junto con la suspensión de la licencia de conducir entre 6 meses a 2 años (si es sorprendido en una primera ocasión), lo cual puede elevarse hasta por 5 años (en una segunda ocasión) o la cancelación de la licencia (en una tercera ocasión).