Por segunda vez, la Sala de la Cámara aprobó, por 128 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, la solicitud del Presidente de la República, para extender, por 15 días, la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en cuatro provincias del norte del país, específicamente, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La medida, derivada al Senado, fue solicitada por la grave alteración que ocurre en materia de orden público en esta zona. En concreto, afecta a las provincias de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica. También se aplica a las provincias de Tamarugal y de El Loa, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama.

Se recuerda que, vía decreto supremo, el 15 de febrero de este año se declaró el estado de excepción constitucional de emergencia para las citadas provincias. Luego, por el mismo mecanismo, se prorrogó por otros 15 días, el 24 de febrero. A seguir, se solicitó la aprobación del Congreso Nacional para una nueva extensión, conforme a la exigencia constitucional, la cual rige hasta el 31 de marzo.

El documento explica que el EECE tuvo como fundamento el aumento de flujos migratorios mixtos hacia Chile. Principal atención en este contexto lo tiene la llegada de población venezolana a través de pasos no habilitados.

Así, se observa que esta situación demanda esfuerzos adicionales del Estado. Por un lado, para asegurar la vigilancia adecuada de fronteras y minimizar la comisión de ilícitos, junto con asegurar la protección de las comunidades de acogida. Y, también, para garantizar una respuesta humanitaria que proteja la vida e integridad de las personas que arriban al territorio nacional.

La solitud explica que el EECE permite realizar una estrategia de coordinación de medios humanos y técnicos. Ello, con la idea de detectar graves ilícitos asociados al crimen organizado, como el contrabando y el narcotráfico.

Además, se promueven respuestas humanitarias para la satisfacción de las necesidades básicas de los migrantes. Paralelamente, se trabaja en la identificación de las demandas de las comunidades de acogida y en medidas al corto plazo. “El plan de trabajo en curso permitirá avanzar en la adopción de acciones concretas para superar la situación excepcional que motivó la declaración del EECE”, se explicita.

Se reconoce, en todo caso, que las circunstancias que motivaron la declaración del EECE subsisten. En tal perspectiva, se estima necesario prorrogar la declaratoria por 15 días adicionales. En este plazo se proyecta adoptar, en el más breve plazo, “medidas que apunten a la gestión de una migración segura, ordenada y regular que proteja la seguridad, dignidad y derechos humanos de todas las personas que habitan el país, considerando, particularmente, las necesidades de las comunidades de acogida”.

En representación del Gobierno expuso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Este fue enfático en señalar que la medida es excepcional en tanto el Estado construye un plan. Aseguró que dicho plan está en construcción y que, en la próxima semana, viajará a la zona para consensuar con las comunidades las acciones a seguir. En tal plano, anunció que esta será la última prórroga del EECE que se solicitará.

Adelantó que el citado plan contendrá, al menos, los siguientes puntos:

-La realización de un programa de desarrollo para la zona, con la activación de iniciativas de inversión.

-Un programa de recuperación de espacios públicos, hoy perdidos por la migración.

-Adopción de políticas en materia migratoria. En este contexto refutó que el retiro del decreto 33 afecte las facultades del Estado para aplicar la Ley de control migratorio.

-Trabajo con la PDI para dotarla de capacidad para identificar a migrantes que hayan accedido al país por pasos no habilitados. En particular, saber quiénes tienen antecedentes penales.

-Modificaciones del decreto 265, que permite la colaboración de las FF.AA. en el control fronterizo y en el combate del crimen organizado.