El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó devolver a Fonasa la suma de $2.269.454.393 retenidos a la principal imputada en el caso, Paulina Carrasco, decretando, además, medidas cautelares reales en favor del Fisco sobre inmuebles y vehículos, entre otros bienes, que permitirán hacer efectivas acciones civiles que el CDE interpondrá para obtener la reparación del perjuicio provocado.

Dicha suma se añade a la devolución de otros $1.215 millones que actuaciones previas del Consejo de Defensa del Estado ya permitieron recuperar y cuyo reintegro efectivo a dicha institución se concretará en el corto plazo.

El presidente del CDE, Juan Peribonio, sostuvo que las actuaciones del consejo en esta causa “dan cuenta del trabajo y compromiso de este Servicio por defender los intereses del Estado y sus ciudadanos(as) ante casos de evidente fraude al Fisco, labor que se complementa con la presentación de las acciones civiles necesarias para devolver recursos públicos a instituciones que benefician a las personas más vulnerables del país y que se ven gravemente afectadas por este tipo de delitos”.

En tanto, el abogado procurador fiscal de Concepción, Georgy Schubert, señaló que “hemos actuado con la mayor prontitud, ejerciendo todas las atribuciones que la ley nos otorga para obtener la sanción penal de los delitos cometidos contra Fonasa y, simultáneamente, desplegando las acciones civiles necesarias para recuperar de manera efectiva los recursos defraudados al sistema de salud, cuyo patrimonio, propósito y misión nos corresponde defender ante los tribunales”.

El CDE interviene en este juicio como querellante en representación del interés del Estado desde sus comienzos. En conjunto con el Ministerio Público, en el mes de enero obtuvo la condena por el delito de lavado de activos de dos hermanos de la imputada, contra quienes el tribunal decretó el pago de una multa de 200 UTM y la pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva. En dicha audiencia de juicio abreviado, se ordenó el decomiso de todos los bienes incautados durante el proceso de investigación penal, cuyo valor asciende a más de 46 millones de pesos.

El perjuicio fiscal provocado por este megafraude se estima en más de $5.105 millones, una gran parte de los recursos defraudados ya se encuentra incautado en dinero y vehículos, entre otros bienes.