En estado de alerta se declaró la senadora Carmen Gloria Aravena, tras una seguidilla de toma de predios que se han registrado en las últimas semanas en La Araucanía y la región del Biobío, por parte de algunas comunidades que hacen alusión a reivindicaciones históricas.

Los episodios más recientes se registraron en Collipulli, donde la Comunidad mapuche Carmen Colipi inició la ocupación indefinida de un fundo en Malleco, con el apoyo armado de la CAM. Algo similar ocurrió con el Fundo Antofagasta de Forestal Arauco, que fue tomado por esa misma organización.

A estas usurpaciones, se suman las amenazas realizadas hace algunos días en Loncoche, por comuneros de la Asociación Mapuche Autónoma, que le dieron un plazo de seis meses al Gobierno para considerar sus demandas o, de lo contrario, iniciarán la ocupación territorial de esa comuna, también con apoyo armado de las ORT con que tienen contacto. En tanto, en Alto Bío-Bío, un grupo de pehuenches se tomó el terreno del Fundo San Miguel de Callaqui.

“La situación es de la máxima gravedad, porque se están comenzando a replicar estos delitos de tomas de terreno de forma violenta, donde se vulnera flagrantemente el derecho de propiedad de los dueños de esos predios. Estas prácticas de usurpación de tierras se vienen registrando hace tiempo, y es uno de los delitos que cometen los grupos terroristas que operan en la Macrozona Sur, dedicadas también al narcotráfico y robo de madera”, advirtió la legisladora de oposición.

La parlamentaria agrega que la legislación actual es insuficiente para enfrentar este tipo de delitos, ante lo cual, presentó un proyecto de ley en julio de 2020, junto al senador José García Ruminot, que establece penas de cárcel para la usurpación de predios, que parten desde los 5 años y 1 día, considerando que la normativa vigente sólo establece multas en UTM a los infractores.

“Lamentablemente este proyecto, entre otros que hemos presentado, como el de resguardo de la infraestructura pública, que son fundamentales para otorgar seguridad a los habitantes de la Macrozona Sur, están frenados en el Congreso, debido a la negativa de sectores de izquierda, dejando en la indefensión a las personas que están siendo víctimas de estos delitos”, aseguró Aravena.

Además cuestionó al Gobierno por la forma en que está abordando estas situaciones, ya que el Ejecutivo indicó que busca resolver las tomas a través del diálogo. “No hay diálogo posible cuando hay personas, que utilizando la fuerza y las armas, se toman terrenos que no les pertenecen, y lo hacen amenazando la integridad de propietarios y trabajadores, vulnerando de manera grave un derecho fundamental para la estabilidad del país, como es el derecho de propiedad”, expresó.

“Lo que le corresponde al Estado en estos casos de flagrancia es decretar el desalojo inmediato de quienes se toman los predios y no dialogar con quienes ingresan utilizando armas. De hecho, el proyecto de ley que presenté, establece la flagrancia del delito durante todo el tiempo que dure la usurpación, facilitando con ello el desalojo y el actuar de las policías en ese proceso”, apuntó Aravena.

La parlamentaria concluyó indicando que “el diálogo no procede en estos casos, ya que no se puede dialogar con quienes utilizan la vía armada para imponer sus términos, y han demostrado mediante acciones de fuerza contra la Ministra y el Subsecretario del Interior, que no están disponibles para conversar”, enfatizando, además, que esa postura es vista por los usurpadores como una señal de debilidad por parte del Estado, aumentando la sensación de impunidad frente a estos ilícitos.

“Por eso, hago un llamado al gobierno a resguardar el derecho de propiedad y, en particular, al Congreso, a que acelere la tramitación del proyecto de ley que incrementa sustancialmente las sanciones para los que se dedican a usurpar terrenos”, concluyó.