Un estatuto de garantías para un trato digno y que resguarde la vida, la integridad física y la indemnidad sexual. Ese es el objetivo de la “Ley Antonia”.

Hoy, la Cámara respaldó en parte las modificaciones del Senado, pero rechazó otras, que se resolverán en una comisión mixta.

El texto incluye una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes. En su mayoría, la Cámara aprobó estos cambios. Sin embargo, rechazó todo lo concerniente a la inducción al suicidio o suicidio femicida de víctimas de delitos sexuales. Ello, por estimar que esta figura debe regularse mejor.

Entre otras materias, el proyecto plantea la capacitación de personal en formación en género para evitar la revictimización. También se incorpora la anticipación de la prueba, con el fin de evitar la victimización secundaria.

El Estatuto de Garantía a favor de las víctimas de delitos sexuales dispone cambios en el Código Procesal Penal. Así, por ejemplo, se establece la no revictimización y la protección de los datos personales. Pero, además, el enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, junto con evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.

Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima”. Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.

El proyecto de “Ley Antonia” surgió a iniciativa de las diputadas Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), junto a los exdiputados y exdiputadas Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Paulina Núñez y Marcela Sabat.