El Consejo de Defensa del Estado (CDE=, a través de su Procuraduría Fiscal de Chillán, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Garantía de Bulnes, por los delitos de hurto, extracción y sustracción ilegal de áridos desde el cauce del Río Diguillín, el cual tuvo por efecto la alteración natural del cauce y la afectación de sus ecosistemas.

La querella interpuesta por el CDE se dirige en contra de Oscar Germán Vásquez Oyanader, representante legal de las empresas “Sociedad Productora de Áridos, Servicios y Transporte Ltda.” “SOPRAMAT S.p.A.” y “Oscar Vásquez Oyaneder E.I.R.L.”, y quienes resulten responsables de los hechos denunciados, por la reiteración de labores no autorizadas de extracción y procesamiento de áridos a través de las empresas que representa.

Lo anterior, se constató producto de las actividades de fiscalización y seguimiento desplegadas por Dirección General de Agua de la región de Ñuble, en donde se verificó la extracción ilegal de áridos, alterando el cauce del río, efectuando desvíos de su flujo, creando zonas de apozamiento y cortes de taludes inestables en medio del cauce, así como excavaciones bajo el sello del fondo del cauce, todo lo cual generó socavamiento de riberas tanto en el tramo intervenido como aguas arriba, donde se ubican las bocatomas de canales de regadío.

De acuerdo con lo señalado en la querella, se advirtió que la obra fiscalizada no contaba con las autorizaciones que le son aplicables, especialmente considerando que se trata de un bien nacional de uso público.