La ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco rechazó la calificación de preso político para el comunero mapuche, Celestina Cordova, condenado por el caso Luchsinger-MacKay.

La jueza explicó en diálogo telemático con los periodistas después del tradicional Pleno del máximo tribunal del país que los beneficios de salida a los que accedió fueron fijados por Gendarmería.

Vivanco resaltó que ese asunto le corresponde a esa institución exclusivamente y que “Gendarmería tiene que responder cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como este reciba los beneficios penitenciarios del caso”.

La autoridad mapuche cumple una pena de 18 años de cárcel por su culpabilidad en el crimen de Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69 años), matrimonio que fue quemado al interior de su hogar la noche del 4 de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue de Vilcún.

Gendarmería le otorgó los beneficios carcelarios de salida dominical a partir del 8 de mayo y salida trimestral a partir de este martes.

Vivanco fue consultada por la polémica que se suscitó políticamente en torno a esas salidas y la denominación de “preso políticos” que tendría el machi, la vocera del máximo tribunal señaló que “Celestino Córdova tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión como son las prototípicas situaciones que tienen que ver con los delitos políticos sino con un hecho criminal, es un homicidio y un homicidio en condiciones además muy fuertes, muy duras” dijo la jueza.

Hay que tener presentes dos cosas respecto de los beneficios penitenciarios: uno, que no los da el Poder Judicial y segundo, que los da Gendarmería. En consecuencia, a este respecto Gendarmería tiene que atenerse a su propia reglamentación, a su propia normativa”, señaló, acotando que “es un tema que tiene que ver exclusivamente con ellos y desde ese punto de vista Gendarmería tiene que responder cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como este reciba los beneficios penitenciarios”.

Vivanco enfatizó que “los delitos políticos se caracterizan por eso, son personas perseguidas por sus ideas, no por sus conductas y justamente por eso se les conceden una serie de beneficios internacionales y se les reconoce como víctimas de un régimen”.

“Creo que no hay ninguna duda de que hace muchísimos años que estamos viviendo en un régimen democrático donde no se persigue a los opositores políticos y donde la persecución penal tiene que ver con delitos concretos de conducta, no de opinión, en consecuencia seguir discutiendo el tema de los delitos políticos en estas circunstancias a mí me parece que es inconducente. Estamos en presencia de una persona juzgada por un crimen y en consecuencia el tratamiento que se le dé en cuanto a beneficio o no tiene que se atendiendo esa circunstancia procesal de él y no otro tipo de tema”, sostuvo la vocera de la Corte Suprema.

El tema generó una serie de cuestionamientos para la ministra de Justicia, Marcel Ríos, a raíz de unas declaraciones que hizo este domingo. Al ser consultada en El Mercurio sobre si el machi era un preso político o un homicida, la autoridad de gobierno se limitó a contestar que a ella no le competería pronunciarse “respecto de la calificación específica que tengan los casos”. Ante las críticas de oposición, Ríos fue requerida otra vez por el tema el lunes y afirmó que Celestino Córdova es un “preso común, condenado por un homicidio”.